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La administración de justicia en nuestros días

Sería un atentado al libre ejercicio profesional, cambiar el local en el cual funciona la Corte Nacional de Justicia (Amazonas y Unión de Periodistas), que es un sitio adecuado, por otro local situado en Santo Antonio de Pichincha, en la Mitad del Mundo; los abogados que residen en Quito tendrían que viajar desde el Complejo Judicial de Quitumbe hasta San Antonio de Pichincha y quienes vienen por vía aérea tendrían que desplazarse desde Tababela hasta San Antonio y otros que viajan por vía terrestre tendría que cruzar un largo trecho. Debería eliminarse el Complejo Judicial de Quitumbe y concentrar toda la administración de justicia en el centro norte de la ciudad de Quito, porque desplazarse a Quitumbe toma mucho tiempo (al menos una hora de ida y otra de vuelta), además de ser un lugar peligroso por los asaltos y robos que son más frecuentes en ese lugar y sus alrededores.

La Corte Constitucional ha desmejorado la calidad de la administración de justicia al obligar al Consejo de la Judicatura a que previamente a iniciar una investigación administrativa, otro juez superior al que cometió una falla en la resolución judicial, declare que ha cometido error inexcusable; y, no solo este caso sino en los casos en los cuales los jueces han actuado con dolo o negligencia manifiesta en la tramitación de los juicios. La Corte Constitucional debería enmendar su error, exigiendo únicamente la declaración previa a un juez superior, en los casos de error inexcusable; las actuaciones dolosas o negligentes debería ser objeto de investigaciones directas por parte del Consejo de la Judicatura, sin que sea necesaria la declaración de un juez superior, para lo cual podrían emitir una nueva sentencia en tal sentido. Para mejorar la calidad de jueces se deberían eliminar los llamados concursos de méritos; la selección debería ser hecha únicamente en base a la hoja de vida y a su probidad para lo cual debería ponerse en conocimiento de la ciudadanía el nombre del postulante a fin de que se lo pueda impugnar.

Los jueces para liberarse de su trabajo se encuentran dictando autos de inadmisibilidad de las demandas, sin sustento alguno en el derecho, fundándose en una obra escrita por un ex juez de la Corte Nacional de Justicia de larga trayectoria en el gobierno correísta; de esta forma se liberan de los juicios y acumulan puntaje para las evaluaciones en base al número de causas que despachan.

Un área que produce gran preocupación a todos los usuarios de la Función Judicial es la actuación de la oficina de citaciones, en la cual se encuentran represadas los trámites de los juicios por meses y a veces años. En muchísimos casos los citadores sientan razones, tales como: domicilio de difícil ubicación o exigen precisiones imaginarias sobre los domicilios de los demandados, que en la realidad no existen.  

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