Entre la cantidad de afectaciones de última hora, que nos dejó el Sr. Correa antes de su “despedida con piola”, fue la promulgación de un Acuerdo Ministerial firmado por una funcionaria de triste recordación, para determinar la supresión de la indemnización para todos los jubilados de la Administración Pública, a la cual tenían derecho con el respaldo de una Ley Orgánica, que ahora se intenta desmerecerla.
En mi poco entendimiento de leyes, realicé un recorrido de investigación y consulta a varios prestigiosos abogados laboralistas de y encontré que a la fecha varios de ellos están tramitando juicios de Amparo Constitucional en contra de la promulgación de ese nefasto Acuerdo Ministerial y por ende de los reclamos económicos que constituirán una piedra en el zapato corroído de unas finanzas gubernamentales que sobreviven del crédito y la continuidad del endeudamiento tenaz promulgado en estas fechas.Hace unos días, al incansable luchador de los derechos civiles Dr. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos de Pichincha sugerir que los empleados públicos adultos que siendo alrededor de
50 000 en todo el país, y que están pendientes de presentar su solicitud voluntaria de retiro institucional, podrían incluso aceptar bonos para obtener al menos un porcentaje de la indemnización al jubilarse y que el monto de aquel egreso económico, puede justificarse plenamente evitando llenar aquellas vacantes y por ende conseguir de forma automática un achicamiento del aparato estatal que redundaría en la reducción de los egresos financieros estatales.