A propósito del ‘exceso’ de pedidos de información a los ministerios, me gustaría señalar cómo otros países han solucionado el problema. En Chile, por ejemplo, la legislación obliga al Gobierno a entregar a la ciudadanía toda información generada con recursos públicos. En dos años, el Gobierno chileno creó un sistema de recepción de solicitudes y entrega de información al ciudadano dentro de los plazos establecidos en la Ley. En cada repartición pública hay un responsable de generar y entregar dicha información aunque es el jefe de servicios el que responde en caso de atraso o no entrega. El derecho de cada ciudadano de recibir información es tan importante que se dedican recursos y se establece una gestión expedita que posibilite la entrega dentro de plazos.
Sugiero al Sr. Presidente, entonces, que en lugar de reclamar tanto invierta parte de los USD 300 millones de gasto en publicidad, en los recursos necesarios para hacer efectivas las solicitudes de información de los asambleístas y hacer operativa en la práctica la Lotaip.