Un necesario convenio entre la Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional Electoral, se firmó, para controlar el uso y abuso de recursos públicos durante la campaña de promoción de los candidatos que aspiran ser dignidades seccionales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que inició el 5 de febrero y culminará el 21 de marzo.
Ojalá se logre exterminar el exagerado abuso del poder político y económico que en ocasiones ponen de manifiesto determinadas autoridades de elección popular, cuando logran persuadir a sus subalternos (funcionarios públicos), que salgan de sus oficinas para trasladarse hasta las sedes de los movimientos políticos y también a concentraciones electorales, en horas laborables, cumpliendo actividades que no les compete realizar, porque como servidores estatales, tienen otras obligaciones, funciones y responsabilidades, según la Losep.
Esperemos que el control de las direcciones de fiscalización de las dos instituciones, con la recepción de denuncias ciudadanas en las delegaciones provinciales del organismo electoral, se cumpla con eficiencia y transparencia.