Ayer, por la mañana, la cuenta de Twitter de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón (correísmo), difundió una información sobre su situación política. Ella está detenida la cárcel de Latacunga, mientras se investiga el supuesto delito de rebelión durante las protestas de octubre. Si sigue allí y no puede asistir a su despacho, podría en algún término ser destituida del cargo. Pero hay una falacia ahí.
En su mensaje, Pabón alega que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido que el Estado le garantice sus derechos políticos. Esto no es así, la medida apunta hacia algo más importante que su cargo, vela por sus Derechos Humanos, es para decirle al Estado ecuatoriano que cuide su vida.
Al revisar la sentencia de medidas cautelares, no se menciona lo de los derechos políticos. Se hace énfasis en precautelar la vida de Pabón y sus coidearios Virgilio Hernández y Christian González. En una entrevista publicada el domingo en este Diario, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, se ratifica en ello. “No entramos a la valoración de derechos políticos, lo que queremos es que el Estado evalúe el caso y se asegure la protección de estas personas”.
Arosemena asegura que la comisionada que visitó a Pabón, Antonia Urrejola, tenía información de que en la celda contigua había armas blancas. Si es así, ¿cuáles son las precauciones que toma el Estado para que la prefecta de Pichincha y sus coidearios estén protegidos? Eso es lo único importante.
Por el resto, sobre difundir una información alterada, no hay duda: es la impronta del correísmo. Ya no es novedosa. Incluso ahora dicen que las medidas cautelares son válidas cuando en su Régimen denostaron a la CIDH, hicieron lo imposible por restarle importancia y por cortarle flujo financiero, incluso dijeron que las medidas cautelares no son legítimas, como en el caso Villavicencio -Jiménez. Aun así, eso no importa. Lo sustancial es saber qué hace el Estado para proteger las vidas de unos presos que están bajo su tutela.