Es un reto para las funciones del Estado tomar su lugar en el debate político del país, ahora que la posesión de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ha determinado que la atención ciudadana se haya desplazado hacia ese ente del Estado que, hasta ahora, ofrece poco de lo que debería hacer: menos política y una cruzada contra la corrupción.
Por un lado está la Asamblea. Durante un mes no logró posesionar a los titulares de tres comisiones, con lo que demostró que no funciona la mayoría que debía garantizar un trabajo acorde a las necesidades del país.
Por otro lado, el Ejecutivo mantiene en suspenso una renovación formal de gabinete. Lo que hay son renuncias de los ministros de Educación, Salud y de Comercio Exterior. ¿No es hora de un anuncio de una crisis de gabinete formal o de un anuncio de apoyo total a los ministros? ¿Hay que soportar ese goteo de ministros en medio de graves problemas en zonas de minería ilegal y de la carnicería humana en la que se han convertido las cárceles?
Y, mientras tanto, en la Justicia no hay voluntad política para evaluar a los magistrados de la Corte Nacional.
Así, el debate político se centra en la aparición de un Cpccs liderado por una persona que ha puesto en evidencia que se puede, con frialdad, atribuirse puestos en la hoja de vida y lograr pasar escrutinio del Consejo Nacional Electoral transitorio para ser calificado como postulante al Cpccs.
Ese es el punto gravitante para que en adelante vinieran otras perlas: una supuesta afiliación política, un movimiento de cuentas y una similitud de propuestas y de consignas del anterior Régimen (cuando para postular había que demostrar que no había militancia).
El debate político coyuntural está centrado en las declaraciones acertadas o no sobre el proyecto personal del presidente del Cpccs, justamente en un organismo en el que debe haber más participación ciudadana y menos política. Triste panorama.