El mundo da vueltas. En el plano de la política, Ecuador ha visto cómo lo que se diseñó a escuadra, milimétricamente, para garantizar un modelo político poco incluyente se ha ido desmontando por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio. Que lo que se hace en derecho se puede deshacer en derecho suelen decir quienes trabajan con leyes. Ese es el reto del Cpccs ante la sociedad.
Tan grande es el reto que todo debe quedar enmarcado en el orden jurídico de la Consulta Popular en el que se le dio la misión al Cpccs transitorio de analizar el trabajo de los funcionarios de Estado. Y si es el caso, enviarlos a su casa. Ni más ni menos.
Cada acción del Cpccs transitorio debe ser meditada y analizada en sus posibles consecuencias. Cualquier acto que no se ajuste al mandato popular es un bumerán. De seguro volverá. Golpeará fuerte y vendrán demandas de reparación al Estado.
Por ejemplo, cuando en el Gobierno de Rafael Correa, en el 2007, se buscó la forma para cesar en sus cargos a los diputados para armar una nueva mayoría, se buscaron cuidadosamente los problemas que la medida tendría en el ámbito local. Al parecer, los efectos de una demanda internacional se minimizaron. Ahora los 57 exlegisladores esperan la decisión del CIDH sobre su reclamo de haber sido destituidos.
Es un camino largo. Estos exdiputados presentaron el recurso en el 2007 y en abril del 2018 fue admitido. En ese tiempo, seguramente muchos de quienes tomaron las decisiones en nombre del Estado se habrán olvidado de que había esta demanda. Pero no fue así. Es probable que esos funcionarios no sean topados, pero de seguro el Estado deberá reparar a los demandantes si la sentencia les favorece.
Hasta el momento, el Cpccs ha cesado en sus funciones a 14 funcionarios. Tiene que haber un sentido tal de justicia en cada una de sus resoluciones que esta etapa de transición debiera ser recordada por su ecuanimidad y no como una fiebre de cesaciones opacas.