Texto y contexto crítico es un espacio de ideas libres sobre la política nacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/jImbaquingo
Jorge R. Imbaquingo
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central. Knight Fellow Stanford University 2012. Es periodista desde hace 23 años. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2016 como Editor de Ciudad. Actualmente ocupa el cargo de Editor Político.

De 329 deportaciones a 0

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Miércoles 15 de enero 2020

En los dos últimos años, el país no ha realizado deportaciones. El dato publicado ayer por este Diario, muestra una parte de una realidad bastante compleja de los inmigrantes en Ecuador, así como un uso político de las leyes en el que se marca la diferencia entre un mundo declarativo de derechos que propugnan los gobiernos de izquierda y la realidad cuando hay que aplicarlos.

Los dos años anteriores a la aprobación de esta normativa, el Gobierno había deportado a 329 extranjeros. El caso más sonado fue el de los cubanos, ocurrido entre el 7 y el 13 de junio del 2016, durante la presidencia de Rafael Correa. Ecuador había dado facilidades a los ciudadanos de ese país para ingresar a territorio nacional en los tres años anteriores a la deportación masiva.

De esta forma, Ecuador se convirtió en una ruta para que los cubanos iniciaran peligrosas travesías por Centroamérica para llegar a EE.UU. Otros, los que no podían costear el viaje, se quedaron y empezaron a pedir visas humanitarias a México. Hicieron plantones para presionar por su estatus o, como dice el art. 40 de la Constitución de Montecristi, por su derecho a migrar.

Sin embargo, hasta el 13 de junio del 2016, las fuerzas del orden apresaron a 121 extranjeros, les hicieron juicios sumarios que duraban entre 10 y 15 minutos y los subieron a aviones con destino a su país. Así actuaba el Gobierno que proponía la ciudadanía universal y que promulgaba nadie podía ser discriminado por su condición migratoria, como reza el art. 11 de la Carta Política del 2008.

Una vez pasada esa crisis migratoria con el socio ideológico del correísmo, se aprobó la ley y se perfeccionó el garantismo de la ciudadanía universal, que hasta ese instante no era tan universal sino apenas un lugar común.

La Ley de Movilidad Humana da la potestad de que ningún extranjero que tenga problemas migratorios sea apresado; en cambio, le da medidas cautelares. De ahí que la cantidad haya bajado dramáticamente de 329 en el periodo 2016-2017 a 0 en 2018-2019.