En mayo de este año, cuando se anunció la consolidación de una mayoría legislativa de 78 votos, las perspectivas de gobernabilidad del país eran bastante altas. Quizá demasiadas. A fin de año, la meta más importante, que era la de aprobar 17 leyes, no se cumplió. Un total de 11 leyes fueron aprobadas, dos de ellas eran muy importantes, las reformas a los códigos de la Democracia y al Penal Integral. Pero eso representan el 65% de lo que la Legislatura se impuso.
La mayoría llegó a tener 78 votos, con la inclusión de los parlamentarios de AP, Creo y de las voluntades de lo miembros del bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) y del Bloque de Integración Nacional (BIN). Sin embargo, no fue una mayoría sólida para los intereses del Ejecutivo para allanar el camino de la Transición, centrada más en lo político que en lo económico.
Uno de los mayores problemas de la mayoría de mayo es que los temas económicos fueron los que menos funcionaron. Esto se evidenció en el rechazo a la primera ley tributaria presentada por el Ejecutivo, que le obligó al Gobierno a sacar del sombrero una propuesta menos radical en cuanto a la recaudación de impuestos para subsanar el problema fiscal del país, que fue la solución prevista por el equipo del Presidente de la República, Lenín Moreno.
De ahí que no haya sido una sorpresa que la mayoría de mayo tampoco haya funcionado a la hora de aprobar la proforma del Presupuesto del 2020 y que esta haya pasado por el ministerio de la Ley.
Otro problema se vivió en dos comisiones: la de los Trabajadores, que se reunió finalmente tras cinco meses sin laborar (aunque suene a paradoja); y la de los Gobiernos autónomos, que solo con la presión de los prefectos del país sesionó tras siete meses de indolencia con las provincias.
Si de los USD 51 millones de presupuesto de la Asamblea para este año, el 83% fue para las tareas administrativas, queda claro que hay una falta empatía.