El pasado lunes, este Diario publicó un informe sobre la situación de la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Una de las mesas legislativas más complejas, puesto que si se entiende que legislar es la primera función de los parlamentarios, en su seno se resuelve la segunda capacidad de los asambleístas: fiscalizar.
Sin embargo, la polémica no ha estado alejada de esta Comisión. Tres de sus miembros son cuestionados. Y en ese contexto es donde los agentes políticos deben tomar más en serio el clamor popular de acabar con la corrupción, las acciones poco claras y la componenda.
El primero es Daniel Mendoza, ex coordinador de AP-Aliados, quien ahora es investigado por su supuesta participación en la adjudicación del contrato para construir el hospital de Pedernales, en Manabí, su provincia, su bastión político.
En enero pasado se denunció que Karina Arteaga (AP) habría incurrido en supuestos cobros de diezmos. En febrero pasado, el Consejo de la Administración Legislativa aprobó en febrero la comisión pero hasta ahora el presidente de la Legislatura, César Litardo (AP) no la incluye en el orden del día, por lo que eso no avanza. Si se diera ese paso, Arteaga podría defenderse: en política hay acciones como la de la denuncia que pueden estar dirigidas a paralizar a un actor. Si así fuera el caso, sería importante que el proceso avance y que las presunciones dejaran de ser eso, con la garantía de que pudiera defenderse a conciencia. Pero se colige en primera instancia que no hay voluntad en la Asamblea, pues ya han pasado casi cuatro meses.
El tercero es el independiente Eliseo Azuero, quien, tras denuncias en redes sociales, aseguró que no gestiona cargos públicos. Explicó que más bien recomienda a personas. En una entrevista, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que recomendar no es ilegal. Puede que no lo sea, pero a todas luces no es ético. En este caso, la realidad supera a lo legal, como reza su aforismo, señora ministra.