Definir qué es campaña anticipada, quién responde a ello y las respectivas sanciones son las pequeñeces que debe definir el Consejo Nacional Electoral (CNE), una vez que las reformas al Código de la Democracia sean publicadas. Pareciera poco, pero ya hay sujetos políticos promocionándose y, por si fuera poco, la elaboración de ese reglamento podría ser un elemento de revanchas políticas.
Una serie de cuatro reportajes sobre la precampaña, publicada por este Diario, mostró el estado de las principales tendencias políticas. En el reporte final, se pudo dilucidar que la norma aprobada en la Asamblea no era lo suficientemente clara, lo cual dejaba el tema en manos del CNE.
En estos días, los consejeros del CNE, que tienen serias discrepancias que se ventilan en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y en los medios de comunicación, deberán ponerse de acuerdo y poner límites objetivos a la precampaña, algo que los legisladores hábilmente dejaron por fuera en las reformas. ¿Qué tal si un político demanda constitucionalmente si cree verse afectado por la aplicación del nuevo reglamento?
El tema de la campaña anticipada tiene dos frentes: por una parte, evitar que los funcionarios públicos se promocionen con fondos estatales; por otra, que los precandidatos se adelanten con fondos propios, cuando hay todo un sistema en el que el Estado financia las campañas para, desde una visión de Estado paternalista, hacer de la carrera presidencial un espacio más democrático.
Los otros reportajes de la serie mostraron la visión de cada una de las tendencias de buscar votos del centro. Por otra parte, la izquierda seguro irá en un solo frente, mientras que la derecha está atomizada, y el correísmo irá por su lado, eso sí con la consigna de poner a Rafael Correa en la papeleta presidencial.
Claro, eso a poco más de un año de las votaciones. Y en ese tiempo, mucha agua correrá bajo el puente, y muchas cosas seguro pasarán, como la aparición del outsider. Eso solo es cuestión de tiempo.