Esta semana se suponía que se iba a debatir el Código de la Democracia (CD), que es el cuerpo legal con el que se mueven las elecciones en el Ecuador desde el correísmo. De ahí que, dada la transición postcaudillista, uno de los principales clamores haya sido el cambio de esas reglas o, incluso, la derogatoria y la vigencia de un nuevo código.
Sin embargo, el consenso ha sido remozar el CD, ya sea por falta de voluntad o simplemente porque algunas reglas correístas funcionan para determinados políticos. De ahí que luego de dos años de debates legislativos (76 intervenciones de asambleístas y 305 observaciones por escrito al proyecto) los tiempos estén casi al filo para que las reformas rijan en las elecciones del 2021 en las que se eligen asambleístas y presidente.
Con eso en perspectiva, está claro que en realidad habrá pocos cambios de fondo en las principales demandas de la población: lo que tiene que ver con precampaña electoral y uso de fondos públicos, transparencia en donaciones de campaña y el cambio del método de asignación de escaños para que las mayorías no copen esos puestos.
De los documentos filtrados, se sabe que el tema de las circunscripciones electorales (para elegir asambleístas por distritos) se mantendrá y eso definiría la permanencia del Método D’Hondt, que al decir de los expertos electorales, es el más factible para una votación de ese tipo, por lo que se ve difícil que sea reemplazado, a no ser de que prácticamente haya un milagro.
Sobre los temas de precampaña y donaciones, se harán cambios que al final no aportarán un mayor cambio, como por ejemplo que cada donante deje registrado cuándo y cuánto aportó. Los cambios apuntan a que esos registros se mantengan como generalidades y no permitan rastrear el origen de esos fondos y se sigan cocinando arroces verdes.
Si eso ocurre con las principales demandas, es evidente que las reformas podrían ser poco trascendentes y si es así, entonces, ¿para qué las reformas electorales?