El Ejecutivo está muy cerca de enviar a la Asamblea su Ley urgente para mitigar los efectos económicos de la pandemia del covid-19. Hasta donde ha entregado información, el Gobierno pide contribuciones especiales a empresas y ciudadanos y eso ha generado diversas reacciones. Hay matices.
“La realidad superó a la legalidad”. La frase es ya un aforismo para identificar la aproximación del Gobierno hacia el fenómeno, y su estrategia para superarlo. En teoría de derecho, Hans Kelsen dice que el poder público apenas se puede mover en el universo de lo legal. Así que si el Ejecutivo modela su accionar con un postulado poco ortodoxo, quiere mostrar a los ciudadanos y, sobre todo, a los asambleístas que hay que echar mano de la imaginación y de la innovación para salir adelante en una crisis que, según cálculos del Gobierno, costará 2 puntos del PIB (USD 2 200 millones).
Para el Gobierno ese espacio de innovación se limitó en proponer un precepto de la economía de guerra: las contribuciones especiales. Ya sea por la premura de los acontecimientos o porque en realidad no hay otra salida. Romo le dijo a este Diario que el Gobierno no había escogido la opción más complicada que es pedirle a la Asamblea que apruebe más impuestos. “No es la más complicada, es la que hay”, respondió.
En esa entrevista, Romo explicó que ella esperaba que no hubiera una respuesta negativa de la Asamblea. Pero a solo 24 horas de publicadas esas declaraciones, el correísmo aseguró que no apoyaría el proyecto, y poco después los socialcristianos dijeron que no.
Con un pronóstico reservado, es posible que la ley pase, pero con tantas reformas que termine siendo un Frankenstein para mitigar el covid-19. Se puede pensar que el Gobierno ante el problema lanzó una propuesta demasiado arriesgada para sacar algo de recursos en una crisis. Queda la alternativa de que todo esto sea para llevar el debate por fuera de los problemas de identificación de cadáveres en Guayaquil. Pero solo es una posibilidad.