Texto y contexto crítico es un espacio de ideas libres sobre la política nacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/jImbaquingo
Jorge R. Imbaquingo
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central. Knight Fellow Stanford University 2012. Es periodista desde hace 23 años. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2016 como Editor de Ciudad. Actualmente ocupa el cargo de Editor Político.

¿La OEA salvará a estas elecciones?

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Miércoles 13 de febrero 2019

La resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de permitir el trabajo de la Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), zanja un dilema creado por el propio CNE, cuando anunció que esta misión ente no estaría presente en las elecciones del 24 de marzo.

En diálogo publicado el 3 de febrero pasada en este Diario, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicaba que no tenía ninguna información acerca de la vinculación del expresidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo a la Misión de Observadores Electorales de la OEA, y que la decisión ahora superada de no dejar venir a ese organismo no tenía corte político.

Pozo está en la OEA. Es asesor desde marzo del 2018. Pozo fue titular del CNE desde enero del 2015 hasta noviembre del 2017, lapso en el que organizó las elecciones del 2017. Al haber recibido la Orden Nacional al Mérito, en el grado de Gran Cruz, el 18 de mayo del 2017, de manos del expresidente Rafael Correa, perdió credibilidad.

Con la decisión del CNE de considerar la participación de la Misión de la OEA, las elecciones serán más transparentes. Resta decir que la Misión debe ser clara en su accionar y en las conclusiones a las que llegue, una vez que hace dos semanas se presentó el informe de la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018, en las que aseguró que había un problema al no haber un dictamen de la Corte Constitucional sobre las preguntas, cuando la ley dice que si la CC no se pronuncia las consultas se realizan directamente.

La efectividad de los criterios de la Misión de la OEA no está en lo que diga, sino en su repercusión política . Por ejemplo, en la Consulta Popular del 2011 la Misión puso en duda todo el proceso, dijo que “el nivel de inconsistencias numéricas en las actas de escrutinio alcanzó un 63,6% del total de las actas a nivel nacional”. Se entiende que denunciaron un posible fraude, que si alguien hubiese tomado su criterio, es muy posible que en el Ecuador aún hubiese casinos o corridas de toros.