Un buen propósito, como es tener una ley que ayude a recuperar bienes que han sido adquiridos con dineros públicos producto de la corrupción, se ha convertido en un total desatino para la Asamblea Nacional.
Con asombro, se ha visto la poca voluntad política que hay en el órgano legislativo para extender al límite los tiempos para su aprobación y, finalmente, dejó esta Ley de Extinción de Dominio (LED) para cuando se retome la actividad parlamentaria, luego de la vacancia legislativa: a inicios del 2021.
Si las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) fueron aprobadas (una hazaña que sumó voluntades y que fluyó tanto como para reducir el mínimo posible los tiempos para debate y votación), se debió a que había una presión internacional. El Fondo Monetario Internacional, FMI, condicionó la entrega de un préstamo de USD 2 000 millones a la aprobación de un combo de leyes que sancione la corrupción. Sin decirlo directamente, la exigencia era asegurar que esos fondos de ayuda para el país no se esfumen en manos corruptas.
En un principio, en la Asamblea se veía la posibilidad de hacer pasar la LED como la normativa que pudiera solucionar la exigencia del FMI. Sin embargo, el pedido del ente multilateral era una ley penal (que implique cárcel y reparaciones económicas posteriores) y no un proyecto de carácter civil, es decir, en donde es necesario un desagravio, pecuniario en este caso, como era la LED. Así que la Asamblea tuvo que enfocarse directamente en las reformas penales.
En la Asamblea Nacional, el pasado 28 de noviembre hubo una convocatoria para aprobar siete leyes, entre ellas la LED. Con desconcierto se vio hasta pasar la aprobación de las otras normativas… menos la LED.
Ante tanta modorra legislativa, pareciera que los asambleístas no se han puesto de acuerdo para aprobar la LED por un extraño caso de molicie, o porque será un búmeran que no se sabe con qué fuerza retornará y golpeará indiscriminadamente sus cabezas.