Texto y contexto crítico es un espacio de ideas libres sobre la política nacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/jImbaquingo
Jorge R. Imbaquingo
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central. Knight Fellow Stanford University 2012. Es periodista desde hace 23 años. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2016 como Editor de Ciudad. Actualmente ocupa el cargo de Editor Político.

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Miércoles 13 de enero 2021

El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) está paralizado. Este ente es una especie de mesa directiva del Parlamento. Allí están representadas las bancadas y su acción es importante, pues recibe, y direcciona los proyectos de ley y regula la fiscalización. Pero con las elecciones está sin principales.

El hecho es que para participar en la contienda electoral tanto para la reelección 43 legisladores pidieron una licencia sin sueldo. De entre ellos, el Presidente de la Asamblea, quien también es el principal del CAL, y tres vocales de este ‘directorio’ legislativo.

El primer razonamiento que se viene a la mente es que los suplentes podrían principalizarse. Pero no. La ley no lo permite.

El art 13 de la ley Legislativa dice que las autoridades de la Asamblea son electas por el Pleno (de eso se desprende que es a título personal, así en caso de ausencia del presidente es subrogado por el vicepresidente y no pueden actuar alternos). Esta disposición concuerda con el art. 122 de la Constitución, que dice que el máximo órgano de la administración legislativa (el CAL) se integrará por quienes ocupen la Presidencia y las dos Vicepresidencias, y por cuatro vocales elegidos por la Asamblea de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas. Por eso, el CAL está paralizado y cualquier iniciativa de nuevas leyes o fiscalización no se tramitan. Las licencias finalizan el 7 de febrero y desde el 8 los tres vocales del CAL podrán regresar y dar quórum.
 
De ahí que no es verdad que el Ejecutivo pueda aprovechar esto para enviar leyes y pasarlas por el Ministerio de la Ley, porque eso se aplica solo si la Asamblea no las conoce en 30 días, porque hoy es 13 de enero y para el 13 de febrero el CAL -en teoría- ya funcionaría.

Una muestra más de cómo, en general, las leyes son poco comedidas con la realidad, tal es el caso de los candados para postergar las elecciones, o que los sentenciados por juicios de corrupción aparezcan en las franjas publicitarias financiadas con dineros públicos promocionando a sus candidatos. Algo anda mal.