Texto y contexto crítico es un espacio de ideas libres sobre la política nacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/jImbaquingo
Jorge R. Imbaquingo
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Univeridad Central. Es periodista desde hace 21 años. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2016 como Editor de Ciudad. Actualmente ocupa el cargo de Editor Político.

Estafa, extorsión y concusión

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Martes 18 de diciembre 2018

Mi amigo Manolito (que es un nombre protegido para ponerlo a buen recaudo) fue un compañero de aulas. No daré más detalles suyos, solo diré que fue presa de la extorsión de su empleador, que le pedía casi el 20% de su salario como asesor en el Congreso. De esto, al menos unos 18 años.

La madre de Manolito conocía al diputado y le consiguió el puesto. Sus funciones eran administrativas y eventualmente proselitistas del partido del diputado. Se lo clasificaría como ‘pipón’, incluso Manolito aguantaba los chistes que le gastábamos sobre su nueva condición(quizá porque eran verdad). Lo interesante, visto con los años a cuestas, es que el diezmo era socialmente aceptado. Lo que no estaba aceptado era lo del ‘piponazgo’, es decir, el trabajo estatal remunerado sin hacer mucho. O nada.

En esos días, lamentablemente, el diezmo era un sacrificio para tener un sueldo. Y entre ser desempleado o extorsionado, lo segundo era más llevadero. Durante un año estuvo así Manolito, desangrando su salario en efectivo. Esa era la época en la que había hacinamiento de asesores en las pequeñas oficinas del Congreso, por lo que el flujo de dinero debió ser bastante alto.

De esa época para acá, las cosas se han sofisticado. Ya no hay hacinamiento y las contribuciones ahora están normadas en el Código de la Democracia, pues deben ir supuestamente a los partidos.

Los diezmos son una oprobiosa realidad que se calló o que, en nuestra sociedad acostumbrada a los atropellos de las personas con poder, se minimizó. Son corrupción. Lindan con la estafa, la extorsión y la concusión.

Un informe de Contraloría sobre el IESS demuestra que los diezmos no solo eran algo del Parlamento. ¿Será que pasa en municipios, prefecturas, empresas públicas o ministerios? Lo raro es que solo haya seis investigaciones abiertas en la Fiscalía. Lo único que prueba esto es que los ecuatorianos aún avalamos la corrupción. La única forma de que esto acabe es no callar. ¡Es la hora de denunciar!