La Asamblea aprobó dos leyes económicas urgentes la semana pasada. Varias asambleístas han dicho que hubo inconstitucionalidades, ya que no se habría debatido algunos cambios a esas normas. Hay algunas consideraciones.
Los artículos 61 y 62 de la Ley de la Función Legislativa permiten al asambleísta ponente incorporar cambios a las normas hasta minutos antes de la votación, sin necesidad de que sean aprobados por la comisión especializada. Así, es legal lo realizado, aunque en la realidad así se evita que el Pleno debata a profundidad la forma final de un proyecto de ley.
El caso más emblemático fue el de la Ley de Comunicación, en la era correísta, cuando hubo un amplio debate de los artículos y minutos antes de la votación se incluyó la creación de una Superintendencia de Información. El cambio llegó a los correos electrónicos de los asambleístas reunidos en el Pleno, y cuando menos se dieron cuenta, la mayoría correísta levantó su mano al unísono, como era costumbre, y sin que haya habido discusión, la mayoría impuso ese monumento a la insensatez desde donde se manejó el acoso a los medios que no se alinearon con el Régimen.
Básicamente, ahora algunos asambleístas Partido Social Cristiano dicen que hay inconstitucionalidad en la reciente aprobación de las leyes de Apoyo Humanitario y de Finanzas Públicas. Ante eso, quedan dos soluciones: poner un recurso en la Corte Constitucional y para que se pronuncie sobre el caso.
El otro camino es legislar. Los cambios de la Ley Orgánica de la Función legislativa están a la espera. El hecho de que no haya acuerdos para esa reforma denota una huelga de brazos caídas de los asambleístas que provoca que las fuerzas políticas se beneficien del oprobioso sistema legal del correísmo.
En este mismo espacio, la semana pasada se analizó cómo la corrupción se perfeccionó en ese periodo con las contrataciones de emergencia. Hoy vemos otra perla más. Hay más, por cierto, lo que resulta lamentable.