La saga de las Reformas a la Ley de Comunicación se inició el 21 de mayo del 2018. Allí, el Ejecutivo entregó 14 reformas. Luego, la Asamblea agregó 16 artículos, ocho disposiciones generales, seis transitorias, una derogatoria… Ninguna mencionaba defenestrar el método de dominación política para controlar a la comunicación, creado en el correísmo: el sistema de rectificaciones y réplicas.
Cuando se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, en el 2013, se instituyó la legalidad para el acoso a las libertades de prensa y de expresión. La explicación que se dio fue que los ciudadanos afectados por los medios de comunicación podían enviar sus réplicas y rectificaciones directamente a los medios y debían publicarse inmediatamente, sopena de sanciones en la Superintendencia de Comunicación. (En las deliberaciones de la ley en la Asamblea, nunca se discutió crear una Superintendencia de Comunicación, y cuando se aprobó, mágicamente, había sido incluida).
La falacia estaba en decir que la ley era para los ciudadanos, cuando fueron los políticos quienes la aprovecharon. Se vino una avalancha de rectificaciones y réplicas de funcionarios públicos-militantes del Gobierno. Entre sus gracias llegaron a enviar las rectificaciones diagramadas a los diarios, llenas de eslóganes y propaganda. Una jugada ‘maestra’ para controlar al periodismo.
Si la experiencia con el anterior Régimen era que la discrecionalidad para exigir réplicas y rectificaciones era la base para un aprovechamiento político en detrimento de las libertades, es cuestionable que solo un puñado de legisladores se haya pronunciado en contra. Pocos nombres se vienen, como el de Patricio Donoso quien pidió derogar la ley.
Lo que se ha hecho es cuestionar a la Supercom y se procederá a eliminarla, pero eso no significa que la discrecionalidad para enviar rectificaciones, algo que los políticos han aprovechado bien, se haya reformado. En esa agenda no está eliminar el ‘derecho’ de los políticos a controlar la prensa.