Texto y contexto crítico es un espacio de ideas libres sobre la política nacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/jImbaquingo
Jorge R. Imbaquingo
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central. Knight Fellow Stanford University 2012. Es periodista desde hace 23 años. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2016 como Editor de Ciudad. Actualmente ocupa el cargo de Editor Político.

Cuatro lecciones de la crisis de los 11 días

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Miércoles 13 de noviembre 2019


Hoy se cumple un mes de cuando el Gobierno se sentó en una mesa junto con la Conaie y resolvieron final de la crisis de los 11 días. Que fue un final provisorio, como cuando una banda construye una canción, los músicos han pasado de las peleas por las tonalidades y ya solo buscan una forma elegante de llegar al arreglo final. Pero cuando nadie cede, pues se hace una floritura provisoria. Y en eso nos encontramos como país, con el peligro latente de nuevas protestas.

Por una parte: el Gobierno trata de focalizar subsidios a las gasolinas. Por otra: los dirigentes indígenas se aferran a la idea de que pueden dictarle la política económica al Ejecutivo. Las dos propuestas son contradictorias si entendemos que ni el Gobierno va aceptar bajar el IVA al 10% o dejar de explotar recursos mineros, o que los indígenas permitirán que se vaya el subsidio. De ahí que el diálogo no exista en la práctica y que el futuro de esta relación sea poco auspicioso. Quedan cinco lecciones de la crisis que sumió al país en un vórtice de caos.

1. El Gobierno al haber decretado el cambio de la sede de Gobierno, creó un precedente de que sitiar a Quito no será suficiente para cualquier movimiento social o político para derrocar a un mandatario, como le sucedió a Mahuad, Bucaram o Gutiérrez.

2. Las relaciones entre indígenas y mestizos están polarizadas. Una es la visión de los sectores populares que encuentra reivindicaciones sociales importantes y otra de las clases media y alta, que miden cada centavo perdido por el caos de los 11 días de protesta y los destrozos, por lo que la Conaie tiene que asegurar su capital político en la ruralidad si quiere apostar en las urnas para el 2021.

3. Ningún acto vandálico debe quedar impune. Ahora mismo hay 312 procesados por 17 tipos penales diferentes.

4. Los excesos de la fuerza pública (11 muertos, según la Defensoría del Pueblo) tienen que transparentarse por el Gobierno, con el peligro de que si no lo hace se juega su credibilidad para los 18 meses que le restan.