El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio está en sus horas definitivas. Está a solo días de ratificar la destitución de los nueve magistrados de la Corte Constitucional (CC). Esta es su mayor prueba porque lleva al límite el mandato de la consulta popular de febrero pasado.
El Cpccs-t ha cesado a 25 funcionarios. Y podrían ser en total 32 funcionarios si este organismo sigue el cronograma que debe finalizar el próximo jueves 6 de septiembre.
El caso de la CC es un tema delicado. Primero porque este organismo no fue electo por el Pleno de la Cpccs (aunque la CC se sometió a la evaluación de este organismo de control) y segundo porque si no se actúa con rapidez, el país se puede quedar sin jueces constitucionales que actúen.
Durante su defensa, los magistrados pusieron en duda que este Concejo pudiera cesarlos. Sin embargo, si hubiera alguna disputa en organismos internacionales, hay que ser claros que si bien no fue el Pleno del Cpccs quien los eligió, hubo representantes de ese organismo que eligieron en conjunto con delegados del Ejecutivo y del Legislativo a los magistrados, tal como lo señala el artículo 179 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
El presidente de la CC, Alfredo Ruiz, fue enfático en prevenirles a los vocales que, si ocurrieran sus cesaciones definitivas, cualquier persona que se sintiera perjudicada con las sentencias de esta corte, podría pedir nulidades de sentencias. “Esto expondría, incluso, a responsabilidades internacionales al Estado ecuatoriano”, dijo Ruiz al pleno del Cpccs-t.
Es muy posible que la decisión final de cesar definitivamente a los nueve magistrados de la CC se anuncie el lunes próximo. De ser así el Cpccs debe prever, primero, todos los escenarios posibles sobre demandas de carácter internacional para evitar reparaciones pecuniarias y, luego, designar una nueva CC de forma expedita. Ojalá sea una corte que evacue los 10 514 casos represados por los actuales magistrados de la actual corte.