Texto y contexto crítico es un espacio de ideas libres sobre la política nacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/jImbaquingo
Jorge R. Imbaquingo
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central. Knight Fellow Stanford University 2012. Es periodista desde hace 23 años. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2016 como Editor de Ciudad. Actualmente ocupa el cargo de Editor Político.

La crisis de los 11 días sigue sin resolverse

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Miércoles 06 de noviembre 2019

La violenta crisis de los 11 días, si bien tuvo como desenlace la derogatoria del decreto con el que se subía el precio de los combustibles, aún está lejos de resolverse.

Aparte de las consecuencias políticas y económicas, están las secuelas de esa dicotomía protestas-actos vandálicos. Cara: las autoridades pusieron a órdenes de la justicia a los violentos. Sello: las organizaciones sociales dicen que es represión pura.

Hay una confusión. Si hay abusos de las fuerzas del orden, las personas pueden denunciarlas, aunque más bien los organismos de derechos humanos asumen ese papel para evitar injerencias del poder y, de proceder, el Estado sería demandado. En cambio, el vandalismo se procesa en la esfera de la justicia común.

Se debería partir de estos polos opuestos, pero se razona de forma errónea. Los mismos gendarmes heridos dicen: “¿y nuestros derechos humanos?”. Señor policía, denuncie penalmente a su agresor. Por su parte, los movimientos sociales basan su discurso en que los detenidos de sus filas no cometieron actos vandálicos, sino que estuvieron en una protesta social genuina.

Esta contraposición solo se solucionará con una reconciliación social, que es poco probable que se instaure. Y mientras más se tarde, más difícil es que se cristalice, porque el mundo indígena y su cosmovisión comunitaria tiene poco que ver con el del mestizo, sumido en las lógicas de producción y consumo del capitalismo de Occidente.

Queda aún la historia de los fallecidos, una dinámica poco común en las protestas en Ecuador. Los movimientos sociales y la Defensoría del Pueblo argumentan que hay 11 muertes directas por las manifestaciones. El Estado, por su parte, asegura que son seis y que la mayoría no estuvo relacionada con estos sucesos. ¿Será posible un pacto por la transparencia ante un dato tan sensible? ¿Será que el Estado publica las actas de defunción y las autopsias para demostrar que esas muertes no tuvieron que ver con las protestas?