Texto y contexto crítico es un espacio de ideas libres sobre la política nacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/jImbaquingo
Jorge R. Imbaquingo
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central. Knight Fellow Stanford University 2012. Es periodista desde hace 23 años. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2016 como Editor de Ciudad. Actualmente ocupa el cargo de Editor Político.

‘Consultivitis’

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Miércoles 18 de noviembre 2020

Este Diario inició desde el pasado 14 de octubre una serie de entrevistas con los candidatos presidenciables. Una primera ronda fue dedicada solo a los usuarios digitales de la web de este medio de comunicación. Desde la semana pasada, en cambio, empezó otra ronda para la edición impresa. Una de las ideas más recurrentes es la de solucionar la gobernabilidad con las consultas populares.

Hay quienes, como el candidato Lucio Gutiérrez, habla de una “mega consulta popular”. Con ella piensa destrabar los nudos e incluso darnos un nuevo texto constitucional, que será aprobado de un texto que ponga a consideración del pueblo. Es decir, una constitución sin constituyente.

César Montúfar (Concertación-PSE) argumenta que la única forma de salir del sistema correísta (leyes y mandatos constitucionales) es de la misma manera: mediante consultas populares. “La cosas se deshacen como se hacen”, le dijo a este Diario.

Con Andrés Arauz se repetirá el guión de Rafael Correa de una refundación del país. Da por descontado que habrá una nueva Asamblea Constituyente.

Guillermo Celi, de Suma, dice que si no hay acuerdos con la Asamblea, no dudará llamar al pueblo a consulta popular las veces que sean necesarias.
 
Así las cosas, si hay claridad en el mensaje político, los consensos a escala de los poderes del Estado con las fuerzas políticas son insalvables y la única forma de pasar los muros legales es cavando túneles.

Desde 2008, cuando empezó el abuso de las consultas populares, queda claro que todo se resuelve según la pregunta y cómo se la redacte. Claro ejemplo es cómo las reformas profundas, como los cambios en la justicia, legalizaron que el Ejecutivo se inmiscuya en este poder del Estado, y que estén a la par de proscribir los casinos o las corridas de toros.

La ‘consultivitis’ es un recurso político para lograr una gobernabilidad a la carta, en la que gana siempre alguien: la autoridad que propone el referendo a los ciudadanos.