Este Diario publicó ayer un reportaje multimedia en el que se puso en perspectiva los planes de trabajo que tienen los 41 de los 43 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que serán elegidos el 24 de marzo (dos postulantes no pudieron ser contactados). De esto se desprenden dos conclusiones:
1. Al pedirles que resumieran sus propuestas de campaña, quedó manifiesto que la mayoría de los candidatos no tiene claro el límite de sus competencias. Hay voces que piden revisar y deshacer lo actuado por el Consejo de Participación transitorio. Pero no advierten que el nuevo Cpccs no tiene los poderes que le otorgó la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018 al transitorio. De ahí que una de las principales razones han de tomar en cuenta los ciudadanos para votar, es ver quién ofrece este tipo de acciones opuestas a la legalidad.
2. Hay quienes prometen mejorar la seguridad. Otros ofrecen empleo. Así, como si se tratara de una campaña política, en la que se pueden solucionar los problemas cotidianos de las personas. Esto tampoco es verdad. Las funciones de los consejeros, según lo manda la Constitución, son nombrar autoridades y la lucha anticorrupción.
Con el mandato de la Consulta Popular del año pasado, el Cpccs-transitorio tiene hasta el 14 de mayo para nombrar a esas autoridades como Fiscal General, Consejo de la Judicatura, y defensores del Pueblo y Público, por ejemplo. Esos nombramientos duran lo que establecen las leyes. Es decir, la función del nuevo Cpccs para nombrar autoridades queda restringida a aquellas autoridades que el transitorio no pueda hacerlo. Eso sí, la lucha contra la corrupción es el puntal de su gestión.
En resumen, este Diario pone a conocimiento de los ciudadanos una guía de las principales propuestas de los candidatos al Cpccs. Hay un baratillo de ofertas que no tienen nada que ver con lo que podrían hacer los candidatos en el Cpccs. El futuro del país y del quinto poder queda en manos de los votantes.