¿Aportes para políticos o para partidos políticos?
El tema de la renuncia de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña demanda análisis inmediatos. Uno que se queda fuera del debate es la responsabilidad política de la Asamblea en torno al tema de los cobros indebidos, que es el detonante de la investigación fiscal que obligó a la renuncia de Vicuña.
Un reportaje publicado por este Diario mostró cómo en las bancadas legislativas hay poco interés para avanzar a una sanción política sobre los cobros indebidos. Todos apuntan a la Justicia como el único camino para que haya sanciones. Y conste que hay seis denuncias en la Fiscalía contra asambleístas que podrían estar inmersos en el delito de posible concusión por los cobros ilegales. Y en la legislatura, nada.
La Asamblea se ha negado a proceder. En primera instancia con el escándalo de Norma Vallejo. Si bien la destituyeron, no fue por los supuestos cobros indebidos a sus asesores, fue más bien por supuestamente gestionar cargos públicos, porque en una grabación, que fue puesta como prueba, se habla durante tres largas horas sobre los posibles pagos, y en algún momento habla de gestionar un cargo.
Además, con la renuncia de Vicuña, que fue por sospechas de posibles cobros indebidos realizados supuestamente cuando era asambleísta, la legislatura tuvo la oportunidad de enmendar su bajo perfil en contra de los cobros indebidos. Sin embargo, el juicio político a Vicuña ha sido relegado.
Para los legisladores lo que dice el Código de la Democracia da a la clase política la facultad de tener adherentes que aporten con dinero. En cierta medida si la legislatura no avanza en investigaciones y sanciones es porque tiene de lado una ley que normó a medias, para actuar entre el filo de lo legal y lo antiético.
Suena a impunidad. A no querer quemar rabos de paja. Hay un murmullo en el CNE para hacer un cambio al Código de la Democracia y reformar los aportes que reciben los políticos. Aunque, en realidad, deberían ser aportes para partidos y movimientos políticos.