Texto y contexto crítico es un espacio de ideas libres sobre la política nacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/jImbaquingo
Jorge R. Imbaquingo
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Univeridad Central. Es periodista desde hace 21 años. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2016 como Editor de Ciudad. Actualmente ocupa el cargo de Editor Político.

Para acabar con los ‘compadritos lindos’

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Miércoles 23 de enero 2019

El Tribunal de Cuentas, tal como está planteado, es una figura que le ayudaría a la Contraloría a quitarse el velo de la duda una vez que el anterior contralor general, Carlos Pólit, fuera requerido por la justicia, ya que fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de concusión.

Este país tuvo un Tribunal de Cuentas hasta 1927, cuando vino la misión Kemmerer al país, y lo reemplazó por un Contralor. Allí se instauró la figura del hombre fuerte, una especie de zar anticorrupción. Pero por lo visto, los hombres fuertes no siempre son inquebrantables ante la corrupción. Por demás está mencionar el caso de Pólit, o uno reciente en Colombia, el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien fue extraditado en mayo pasado a EE.UU. por extorsionar y recibir pagos de sus investigados.

Por eso, un Tribunal de Cuentas suena al menos como una posibilidad para acabar con la discrecionalidad o soltura con la que puede actuar el Contralor, e instaurar un cuerpo colegiado que razone decisiones y genere actas e informes de minoría y no sean decisiones entre ‘compadritos lindos’.

Mientras tanto, queda aún la duda de cómo se perfeccionará esta idea. Si es por Consulta Popular con iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo. Esto tomará su tiempo, eso está claro, mientras tanto debe especificarse la profundidad del cambio y sus implicaciones legales, ya que la labor del contralor está definida en una Ley Orgánica.

Aquí una idea para un baño de verdad, que tanta falta le hace al país. La Consulta Popular debería especificar que deberán ser públicos todos los documentos de las glosas que, a pesar de haber sido declaradas como legales, fueron desvanecidas en, al menos, los últimos 25 años, y que esa documentación sea puesta en línea junto con los razonamientos que dieron los contralores de turno para esos “desvanecimientos”. Con esto, la ciudadanía y los investigadores financieros forenses tendrían una herramienta para rastrear la corrupción.