La reacción del Gobierno a una inminente preocupación de los microempresarios llegó tarde. En el transcurso del mes de enero, la presión por atender lo que dispone la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, en lo relacionado con el pago del tributo del 2% sobre los ingresos generados en el 2020, llevó a que muchos emprendedores se endeuden por cumplir con el Fisco. Sobre todo en aquellos que tuvieron pérdidas en un año crítico por efectos de la pandemia.
Otros microemprendedores recurrieron a créditos bancarios o recortes de personal, para tener liquidez y pagar el impuesto.
Entre las fechas de pago y la emisión del Decreto del Ejecutivo (4 de febrero) que amplió el plazo para cumplir esta obligación hasta noviembre, los microempresarios que no pagaron recibieron multas.
Frente a esta experiencia, los gremios productivos plantean reformas a la ley con el objetivo de que se corrijan los “errores” del Régimen Impositivo para Microempresas. Si bien la norma puede ser beneficiosa en temporadas de buenas ventas, lo complejo se evidencia en las épocas de recesión.
Si no se toman los correctivos derivados de la aplicación de esta ley pueden darse otras afectaciones, que pondrían en riesgo la cultura tributaria. Las microempresas pudieran comenzar a vender con factura y sin factura, y los casos de evasión tributaria van a crecer. Además, como ya no se declara en función de la utilidad, los emprendedores pueden dejar de pedir facturas para gastos.
Los consumidores también pueden entrar en esa onda expansiva de no pedir facturas y al final se afectará tanto la cultura tributaria como los objetivos de recaudación del Fisco.
En el contexto del diseño de una nueva reforma impositiva es la oportunidad para revisar con más lupa la situación de las microempresas que, conjuntamente con las pymes, constituyen más del 90% del tejido empresarial del país. Además, situaciones como las derivadas del pago del 2% también alejan las aspiraciones de emprender y generar empleo.