Hace un par de semanas, tras una reunión de los presidentes de Ecuador y Chile en Santiago, ambos mandatarios ratificaron el interés de ir hacia un Tratado de Libre Comercio (actualmente estos países se rigen por un Acuerdo de Complementación Económica). En el marco de esas negociaciones se espera incorporar acuerdos sobre doble tributación, inversiones e integración. Uno de los sectores que interesa a Chile, sin duda, es el minero por su amplia experiencia.
Esta industria ha dado el puntapié inicial en Ecuador y se perfila como una de las más dinámicas en los próximos años. Eso, siempre y cuando, no se frenen los proyectos y las nuevas inversiones, si se dan paso a pedidos de consulta popular. Este es un asunto de extrema complejidad, por las posiciones de ambientalistas y de las empresas. Además, si bien la Corte Constitucional (CC) no dio paso a un pedido de una consulta por ‘incumplimientos de forma’, dejó abierta la puerta para otras consultas mineras.
En la agenda comercial del Ecuador no solo está Chile. En la hoja de ruta se encuentra el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Hace un año, el país suscribió un acuerdo con este bloque; sin embargo, la CC (con base en lo que dispone la Constitución), puso reparos en su ejecución y ahora existe incertidumbre en el sector productivo sobre su plena ejecución.
Para el segundo semestre se vienen nuevos acercamientos en materia comercial para el Ecuador. Uno, con la Alianza del Pacífico (5 de julio en Lima) y más adelante se reanudarán los contactos con EE.UU. No solo eso. La reciente visita de la Secretaria de Comercio de España también abre la posibilidad de ampliar los nexos comerciales y de inversiones.
En este contexto y en un momento en el cual la incorporación del Ecuador en el mapa internacional es inminente, por la llegada de nuevas divisas, ¿no es hora de revisar los marcos jurídicos vigentes, para evitar que se frenen alianzas, negocios y nuevas inversiones?