La pandemia del virus no solo está causando miles de pérdidas humanas e incuantificables afectaciones económicas. La presencia del covid-19 también obliga a realizar cambios radicales en el ámbito laboral. El mundo del trabajo está profundamente afectado.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que 25 millones de puestos de trabajo están amenazados por la pandemia, si no hay una respuesta internacional coordinada. Y esa cantidad tiende a subir.
La OIT y sus mandantes –gobiernos, trabajadores y empleadores– tendrán un papel decisivo en la lucha contra el brote, pues deben velar por la seguridad de las personas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo. Eso es algo fundamental.
En las condiciones actuales y una vez que se tenga el balance económico del efecto del virus será fundamental desarrollar un diálogo social, flexible y abierto. Las taras ideológicas no deben ser excusa para no dar paso a reformas que permitan buscar alternativas en el mercado laboral y evitar poner en peligro los medios de vida de largo plazo y el bienestar de millones de personas.
En medio de esa exhortación que hace la OIT, para impulsar un diálogo sincero, en Ecuador es indispensable que en medio de esta crisis se encuentre la oportunidad para adaptar la legislación laboral a una nueva realidad, que por ahora está dada en función del uso de herramientas tecnológicas, para continuar con las actividades en las empresas y atenuar la contingencia sanitaria actual.
Este tipo de experiencias permiten poner sobre la mesa aspectos que se tienen que revisar, en función de la sostenibilidad del empleo y de las empresas. La revisión del tipo de contratos, las jornadas, las remuneraciones, deben ser parte del debate, a la hora de emprender la actualización del Código del Trabajo.
Sin duda, el mundo tendrá una re configuración económica y en ese contexto ameritarán cambios en las relaciones laborales. Esta será una prioridad en el país, después de superar la pandemia, y ojalá eso no dure mucho tiempo.