Con la publicación en el Registro Oficial de la denominada Ley de Fomento Productivo y los recientes anuncios del Gobierno sobre un mayor ajuste en el tamaño del sector público, las voces de los representantes de los gremios industriales apuntan a destacar las acciones emprendidas por el Ejecutivo.
Si bien en los pliegos de peticiones de los empresarios siempre habrá algún tema por tratar para incrementar sus utilidades, por ahora las decisiones adoptadas allanan un camino en el que se espera que ya se concreten los ofrecimientos de 114 compañías de siete sectores, para invertir en el Ecuador más de USD 9 400 millones en 48 meses.
Desde una óptica general, la Ley de Fomento promueve más certezas jurídicas, trae incentivos para las inversiones y otorga amnistía fiscal. Conceptos que los gremios han venido proclamando para echar a andar al sector privado. El país requiere que la inversión extranjera crezca, que las grandes empresas traigan fondos del exterior.
Si de incentivos se trata, los empresarios ahora cuentan con exoneraciones del impuesto a la renta para nuevas inversiones en sectores prioritarios; también, para el industrial, agroindustrial y agroasociativo. Además de incentivos para las industrias básicas, para la suscripción de contratos de inversión, para la reinversión de utilidades; eliminación del IVA en la adquisición de insumos y bienes de capital, e incluso tratamiento preferencial en el otorgamiento de créditos. Y hay acciones para reducir la tramitología. Si bien todavía hay detalles que no satisfacen a todos, en líneas generales existe un nuevo marco normativo afín a sus intereses.
Consecuentemente se esperaría que de ahora en adelante exista una mayor participación privada, se genere empleo. De ser así, la economía tendrá mejor proyección, el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá y el dolor de cabeza por la relación deuda/PIB ya no causará migraña. Si en esta cruzada se suman los organismos seccionales que tienen frenadas autorizaciones de inversiones locales, bingo.