Es una columna que analiza la situación y los desafíos de las empresas, las pymes y los emprendimientos en el contexto económico ecuatoriano e internacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/xBasantes Twitter: @XAVIERBAS
Xavier Basantes
Lic. en Comunicación, U. Central. Posgrado en periodismo en U. Andina y diplomado en gestión empresarial del Tec de Monterrey. Periodista económico. Del 2009 - 2016, Editor de LÍDERES. Exeditor de El Comercio TV; ahora Macroeditor de Proyectos Multimedia.

La ley de plusvalía, dos años después

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Sábado 15 de febrero 2020

El domingo 4 de febrero del 2018, los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse en la consulta popular y referendo convocado por Lenín Moreno. En esa ocasión, un 63% de electores aprobó la derogación de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como ‘Ley de Plusvalía’.

Esa normativa se aprobó en el Gobierno de Rafael Correa y generó rechazos de empresarios y gremios de la producción, por considerar que desalentaba la generación de empleo y afectaba al sector inmobiliario.

Entre los argumentos que se mencionaron para impulsar la derogatoria de esa ley se contempló que se habían perdido más de 140 000 empleos y que la norma generó una contracción de USD 1 500 millones en el sector de la construcción, en todo el país.

A pesar de esa derogatoria, dos años después, el sector de la construcción aún no levanta cabeza. De acuerdo con cifras del Banco Central (BCE), la actividad empezó a decrecer desde septiembre del 2018 y para el 2019 se espera una caída cercana al 4%.

Indudablemente uno de los factores que contribuyen a esta situación es la caída de la inversión en obra pública, por parte del Gobierno. Si a eso se suma la pérdida de empleo adecuado, muchas personas han postergado la decisión de adquirir viviendas.

Las perspectivas para este año advierten una leve mejoría, en la medida en que el Banco del IESS promueve un plan para incrementar la entrega de créditos hipotecarios (al menos USD 800 millones, con bajas tasas de interés y plazos que llegan hasta los 25 años), hay el fomento de viviendas de interés social (gracias a la colocación del bono social por USD 400 millones) y en el horizonte se prevé un mayor gasto en los planes de inversión pública.

Junto a estas acciones se esperan estrategias de los constructores e inmobiliarias, para facilitar la entrega de bienes inmuebles; y también la gestión de la banca privada, para incrementar la entrega de créditos. Esta puede ser una vía de reactivación económica sin duda.