Una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), para llegar a un acuerdo con el Ecuador en 2020 y emprender un plan de asistencia financiera fue la aprobación de un proyecto legal que contribuya al combate a la corrupción.
Casi contra el tiempo, como es habitual, la Asamblea Nacional aprobó, en diciembre pasado, la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Materia Anticorrupción. La norma fue publicada en el Registro Oficial, el 17 de febrero de 2021.
En esta ley se tipificaron varias conductas como nuevos delitos penales: obstrucción a la justicia, sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado.
También se modificaron las penas para los delitos de peculado, cohecho, concusión y tráfico de influencias. Se incluyó el deber de denunciar delitos para los ciudadanos en general, quienes por sus actividades conocieren de este tipo de irregularidades, entre otros ámbitos.
Asimismo, esta norma cambió artículos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley de la Contraloría General del Estado. Todo ello, gracias a la presión del FMI.
Cobijados bajo este nuevo paraguas legal, que está vigente, comienza una nueva administración gubernamental cuyo puntapié inicial arrancó con la implementación de un Código de Ética.
A través de este instrumento, según el presidente Guillermo Lasso, “el Código de Ética y Estándares de Conducta Gubernamental, establece los más altos estándares de comportamiento ético con el fin de lograr una gestión transparente y eficiente en la función pública”.
En esas normas éticas se abarcan aspectos referentes a las relaciones familiares de los funcionarios del Ejecutivo, conflictos de interés, manejo y uso de recursos públicos, rendición de cuentas, entre otros aspectos.
Estas disposiciones -dice el Decreto Ejecutivo Nro. 4- “deben interpretarse y aplicarse de buena fe, para cumplir con su finalidad principal: una administración pública transparente y eficiente al servicio de todos los ciudadanos”.
A lo largo de los próximos cuatro años se verá el alcance y cumplimiento de este código; sobre todo, cuando el abuso en el ejercicio del poder es una tentación que se ha visto en prácticamente todos los gobiernos y ni se diga en los otros poderes del Estado.
Si el Ejecutivo quiere cumplir este ofrecimiento a los ecuatorianos un primer paso es seleccionar, con una minuciosa revisión -y con lupa- los antecedentes personales y familiares, a quienes serán parte del Gobierno central. Las declaraciones patrimoniales pueden ser elemento clave para identificar si pueden haber conexiones que lleven a eventuales conflictos de interés. Claro, siempre y cuando haya honestidad.
Pero no toda la responsabilidad recae en el Estado. El sector privado también debe estar atento a este nuevo momento, sobre todo con la nueva Ley contra la corrupción. Como dicen los especialistas en esta materia: ¿a quien no le gustaría hacer negocios con empresas honestas, íntegras y que generen confianza?