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Es una columna que analiza la situación y los desafíos de las empresas, las pymes y los emprendimientos en el contexto económico ecuatoriano e internacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/xBasantes Twitter: @XAVIERBAS

Xavier Basantes

Xavier Basantes

Lic. en Comunicación, U. Central. Posgrado en periodismo en U. Andina y diplomado en gestión empresarial del Tec de Monterrey. Periodista económico. Del 2009 - 2016, Editor de LÍDERES. Exeditor de El Comercio TV; ahora Macroeditor de Proyectos Multimedia.

Inversiones y competitividad, como políticas de Estado

Desde que se dolarizó la economía ecuatoriana (año 2000), una de las permanentes aspiraciones de todos los gobiernos ha sido mejorar el clima de negocios, atraer inversiones, lograr acuerdos comerciales y mejorar su competitividad. Todo ello, con el propósito de sostener el sistema y afianzar un modelo económico.

Para alcanzar esos objetivos, a lo largo de estas dos décadas se han creado innumerables decretos ejecutivos, se han aprobado decenas de leyes y se han formado múltiples comisiones interinstitucionales que viabilicen las disposiciones del Ejecutivo en estos ámbitos.

Solo en el caso de las inversiones, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno se estableció -mediante Decreto Ejecutivo Nro. 252 de diciembre de 2017- ‘Declarar como política de Estado la atracción y promoción de inversión’. Allí también se dispuso la creación de un Comité Estratégico, para llevar a cabo esta disposición. Algo similar puso en marcha en el 2020, para impulsar una Mesa de Competitividad, pero a la larga la pandemia echó todo por la borda y las metas no se llegaron a concretar.

En la actualidad y como parte de las acciones que emprende Guillermo Lasso en sus primeros cien días, el Ejecutivo acaba de emitir el Decreto Nro. 68 en el que establece ‘Declarar política pública prioritaria la facilitación del comercio y de la producción, la simplificación de trámites y la agenda de competitividad’.

Así como larga es la denominación del Decreto que busca apostar a una mejora de la competitividad, también es extensa la tarea que se debe ejecutar. Un primer paso, sin duda, es poner orden en la enmarañada cantidad de normativa institucional que actualmente está vigente y que frena cualquier interés de apostar por mejorar la competitividad del país.

El objetivo de la nueva iniciativa es la simplificación de procedimientos repetitivos o trámites engorrosos que complican las inversiones. Además, se busca garantizar la transparencia y reducir trabas y costos de producción para emprendedores y empresas que busquen ingresar o desarrollarse en el mercado.

En el Decreto se establece que el Ministerio de Producción liderará la Estrategia Nacional de Competitividad. Además, se pondrá en marcha el Consejo de Emprendimiento, Innovación y Competitividad, más de un año después de haberse aprobado la Ley de Emprendimiento, que buscará implementar iniciativas de clústers para un trabajo colaborativo público, privado y académico.

El Gobierno también espera tener en 30 días una propuesta de reforma arancelaria, especialmente, de materias primas, bienes de capital e insumos para impulsar al agro y la industria. En ese mismo plazo también se prevé que las instituciones y organismos relacionados con trámites, permisos, licencias, certificaciones, reglamentos y registros, presenten un plan de acción para alcanzar la simplificación de trámites.

Esa hoja de ruta está trazada. Asimismo se esperan mayores acciones complementarias para impulsar la promoción de la oferta exportable. De todos modos, el Ejecutivo se ha propuesto alcanzar estas metas en un año. A esperar.