El Gobierno presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Desde la visión del Ejecutivo esta propuesta legal tiene tres ejes fundamentales: libertad y autonomía para las instituciones educativas, ampliación de la oferta académica y mejorar los procesos de admisión.
La propuesta está bajo análisis del Legislativo y se espera que en su tratamiento se tomen en cuenta todos los factores que contribuyan a fortalecer la educación superior. Esa es la aspiración.
Sin embargo, uno de los temas que también merecen atención en el análisis del proyecto se relaciona con el financiamiento y la sostenibilidad de las universidades. Si uno de los objetivos es ampliar la oferta académica, indudablemente eso conlleva la necesidad de contar con mayores recursos para atender el incremento de la demanda.
El tratamiento de la reforma debiera darse en un contexto estructural, para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. La autonomía financiera va de la mano con la autonomía institucional.
El tema del financiamiento es lo que preocupa por ahora. Las instituciones de educación superior reclaman a la Cartera de Finanzas que no se afecten sus ingresos, de cara a la elaboración de la Pro forma para el 2022, así como la asignación de los recursos que corresponden a este año, con base en la vigencia de un presupuesto prorrogado.
Debido a la pandemia y en un contexto de crisis económica, el Ejecutivo decidió recortar cerca de USD 100 millones el año anterior y eso incidió en la salida de unas 3 500 personas -la mayoría docentes-, de las universidades públicas.
En el contexto de la reforma a la LOES, en la Asamblea también se busca, a través de una iniciativa legislativa, rehabilitar y reabrir 14 universidades y escuelas politécnicas que fueron cerradas por falta de calidad académica. La pregunta es obvia: ¿existen recursos para eso?
La obligación del Estado es garantizar el acceso a la educación y allí el financiamiento es indispensable. La experiencia que dejó la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, sin los respectivos estudios financieros y actuariales que la sustenten, es una muestra de la necesidad de insistir en el análisis y el sustento económico de las leyes que se aprueban.
Algo importante que vale la pena destacar, con base en los reportes del SRI -que apuntan a un aumento en las recaudaciones de impuestos y una eventual recuperación económica del país-, los ingresos que dejan los tributos se constituyen en fuentes importantes de financiamiento para las universidades. Por lo tanto, el escenario sería más optimista de cara a los recursos que se requieren.
Para atender una mayor demanda de estudiantes, las universidades requieren infraestructura, mayor soporte tecnológico, recurso humano, mejor dotación de servicios, entre otros aspectos.
Si el objetivo de la reforma es contribuir a cumplir los sueños y anhelos de los jóvenes en su educación superior, la clave estará en aprobar una nueva ley acorde con la realidad económica. De allí la necesidad de que el debate tenga en cuenta todos los alcances posibles.