Es una columna que analiza la situación y los desafíos de las empresas, las pymes y los emprendimientos en el contexto económico ecuatoriano e internacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/xBasantes Twitter: @XAVIERBAS
Xavier Basantes
Lic. en Comunicación, U. Central. Posgrado en periodismo en U. Andina y diplomado en gestión empresarial del Tec de Monterrey. Periodista económico. Del 2009 - 2016, Editor de LÍDERES. Exeditor de El Comercio TV; ahora Macroeditor de Proyectos Multimedia.

Esa pesada carga llamada tramitología

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La decisión del Ejecutivo de suprimir las fotocopias de la cédula y la papeleta de votación, para realizar trámites en el sector público; así como la aprobación en la Asamblea de la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos; y la resolución de que el contribuyente -que se beneficiará de la remisión tributaria- podrá pagar sus cuentas en línea son decisiones acertadas que buscan aliviar esa pesada carga llamada tramitología.

Precisamente el tiempo que se pierde en el cumplimiento de trámites es un aspecto que afecta la competitividad del Ecuador. Reportes especializados, como el que elabora el Banco Mundial (Doing Business), sobre el clima para hacer negocios, muestra la calamitosa situación en la que se encuentra la tramitología en el país. Tres datos: 664 horas para pagar impuestos, 50 días para crear una empresa o 120 horas para desaduanizar.

Pero este no solo es un aspecto que resta competitividad y productividad a las empresas. Las personas naturales también viven su propio calvario: los ecuatorianos destinan 4,2 horas en promedio, para completar el proceso de un trámite con el sector público.

Así señala el estudio El fin del trámite eterno publicado en junio por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este reporte también dice que en Ecuador, solo el Gobierno central gestiona unos 4 700 trámites.
La simplificación de la tramitología también puede ser un camino para combatir la corrupción en el día a día, ya que cuando a un ciudadano se le agota la paciencia porque pierde mucho tiempo entre ventanilla y ventanilla, termina pagando sobornos. En el reporte de Transparencia Internacional del año pasado se publicó que el 29% de los latinoamericanos reportó haber pagado un soborno, en el contexto de un servicio público.

En definitiva, si el Estado quiere en algo mejorar los servicios que presta, agilitar los trámites es un buen paso, sobre todo si se quiere cumplir la meta de ser una sociedad digital. No obstante, en Ecuador siempre habrá el riesgo de que ‘se fue el sistema’.