Felizmente se acabó la campaña electoral y tras las ‘sorpresas’ que se dieron en las elecciones seccionales viene la etapa de concretar esos planes de trabajo, que en su mayoría apuntaron a la reactivación económica y productiva.
Casi todos los aspirantes que hoy celebran sus triunfos en alcaldías y prefecturas ofrecieron generar empleo, a través de la potenciación de sectores como el agrícola y el turístico. Si bien ‘el papel aguanta todo’, en los planes de trabajo aún no se explica el ‘cómo’ lo van a hacer. Más aún, cuando la economía ecuatoriana atraviesa por una situación compleja y, tras la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se advierte un ajuste del cinturón.
Las proyecciones del Fondo sobre el crecimiento de Ecuador para los siguientes años no son las más optimistas: -0,5% para el 2019 y 0,2%, para el siguiente año.
Con base en esta realidad económica se esperaría que los gobiernos autónomos descentralizados apliquen una política de austeridad. Por ejemplo, que en esta nueva etapa, las futuras autoridades analicen si es necesario traer a los artistas de moda a las fiestas de cantonización o provincialización y a cambio, destinar esos recursos a la ejecución de obras de servicios básicos.
No solo eso. Deben tener en cuenta el rol del sector empresarial y para ello, promover alianzas público-privadas. Pero el aporte de la empresa privada puede aumentar si también se dejan de aprobar ordenanzas que entorpecen las inversiones y por el contrario se adoptan resoluciones que faciliten el desarrollo de proyectos, con menos trámites.
En el caso de Quito, por ejemplo, hasta mediados del año pasado, 14 proyectos arquitectónicos esperaban el ‘ok’ del Municipio, por un monto de USD 1 800 millones. Los empresarios advertían trabas y lentitud en definiciones que aparentemente no deberían tomar mucho tiempo, como los cálculos de fórmulas matemáticas para concesiones de derechos.
En fin, en esta renovación de autoridades se espera más austeridad y menos tramitología.