Retrospectiva

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El voto de la ‘aplanadora’

En el bloque de Alianza País hay preocupación y no es para menos. La Asamblea está por aprobar en segundo debate el proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar que, entre otros temas, libra al Estado de la obligación de garantizar el 40% de los aportes para las pensiones jubilares que paga al IESS.

Sin caer en exageraciones, este será el proyecto legal de mayor costo político para una Asamblea controlada por el oficialismo. Alianza País está jugando con fuego y sus 100 legisladores no tienen otra opción que correr el riesgo de quemarse con solo alzar la mano en la plenaria de este martes 14 de abril.

Tres factores hacen de esta iniciativa un tema tan delicado. El primero tiene que ver con la rapidez, inesperada hace tres meses, con la que el Legislativo se empeñó en sacarla adelante por los apuros económicos del Régimen y la dificultad para cubrir el oneroso bache presupuestario calculado, este 2015, entre
USD 8 000 y 10 000 millones. La caída del precio del petróleo desnudó las deficiencias de la política económica del Gobierno, acostumbrado al gasto público y ajeno a todo tipo de ahorro.

El segundo factor tiene que ver con el alto costo político que implica legislar sobre los recursos de uno de los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana, los jubilados. Sus demandas y luchas –y eso lo saben muy bien los legisladores de Alianza País que revindican sus carreras desde la izquierda radical- alimentaron el desaliento general de un país que, en el 2005, pidió que ‘se vayan todos’. Este Gobierno, que se ufanó de velar por los jubilados, capitalizará el desgaste por tomar una medida con tanto trasfondo social, sin que el país sepa, a ciencia cierta, por qué luego de ocho años de abundantes recursos se tienen que hacer ahora esta suerte de recortes.

Finalmente, lo que más preocupa es la forma con la que el Régimen decidió llevar el debate técnico de este proyecto, minimizando el impacto que tendrá en el futuro del Seguro Social. Durante el debate legislativo, realizado en la Comisión de lo Laboral, el oficialismo ha dicho tener informes técnicos que garantizan la larga vida del IESS por fuera del aporte estatal al 40% de las pensiones jubilares. Esos estudios no se han hecho públicos. En cambio, se han relativizado, con una serie de argumentos políticos y demás eufemismos, informes actuariales del propio IESS que aseguran que para el 2053 podría haber un déficit actuarial de USD 22 862 millones.

La propia vocal del IESS por los afiliados, Paulina Guerrero, insiste en que el Gobierno sí debe a la entidad (USD 1 700 millones) por prestaciones de salud a jubilados y enfermedades catastróficas” y que cualquier reforma en mente debe, antes que nada, garantizar la sostenibilidad del sistema. Pero el presidente Rafael Correa y los ministros que antes suscribieron convenios de pago sobre esa deuda, la niegan al punto de decir que el IESS es tan solvente que no se le dará ni 20 centavos.

La forma en la que la mayoría absoluta de Alianza País en la Asamblea ha mirado este debate puede tener graves efectos a largo plazo. Quizás ahora, la solvencia que proyecta el IESS pareciera no augurar líos financieros. Pero proyectadas las cosas de forma actuarial, la lectura es distinta aunque el oficialismo prefiera mirar a otro lado.

Los legisladores que antes repudiaron al gobierno de Jamil Mahuad, por el descalabro económico del país, debieran hoy poner más cuidado al voto que piensan efectuar. Hace 17 años, la llamada aplanadora socialcristiana-demopopular, que operó en la Constituyente de Sangolquí y en el primer tramo del efímero mandato de Mahuad, tomó decisiones controversiales que le costaron caro, no solo a ese proyecto político, sino al Ecuador entero.

Cuántas veces este Gobierno ha acusado a esa ‘alianza de derecha’ de haber fraguado, desde la Constitución de 1998, el salvataje bancario con la aprobación de la cuadragésima segunda disposición transitoria. Esta permitía al Banco Central otorgar, durante dos años, créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. A simple vista, ese artículo parecía buscar la estabilidad del sistema bancario del país y salvaguardar los depósitos de los ecuatorianos. Así lo aseguraron al país, pero aquello terminó en el colapso. Amparado en esa disposición, el Congreso con la mayoría DP-PSC aprobó la Ley de la AGD, a la que se acogió Filanbanco y luego otras entidades. El desenlace todos lo conocen.

Este análisis no pretende suponer ni anticipar, bajo ningún punto de vista, que las reformas al IESS vayan a ocasionar una crisis financiera y bancaria como la de 1999. Solo busca prender una alerta, para señalar que el voto de las aplanadoras puede ser muy peligroso en el mediano y largo plazos, sobre todo si lo que está en medio del debate es la institución pública más fuerte y sensible del país, porque administra cientos de millones de dólares de los afiliados de este país.

Ojalá y el voto que consigne Alianza País este martes 14 de abril no se compare a futuro como el de la aplanadora de 1998…