Las elecciones han sido conflictivas durante toda nuestra historia. Las del año 1892 fueron las más agitadas del siglo XIX. Preparadas con más de un año de anticipación, fueron el escenario en que participaron los iniciales partidos de nuestra historia. La Unión Republicana, fundada en 1883 por los conservadores de la línea de Gabriel García Moreno, se había dividido en 1885 entre el Partido Católico Republicano, que se enfrentaba al gobierno, y el Progresismo, que gobernó el país desde 1883 hasta 1895. El Partido Liberal Nacional, que se había fundado en 1890, estaba también en la oposición.
Nuestras historias cuentan que los patriotas del 10 de Agosto de 1809 se reunieron la víspera en la casa de doña Manuela Cañizares para planear el golpe y salieron de allí para ejecutarlo. Ella no fue solo anfitriona de la conspiración sino una “mujer de aliento varonil, a cuyo influjo y temple de ánimo cedieron aun los más desconfiados y medrosos”, según un contemporáneo. En efecto, cuando algunos se desanimaban y se iban, salió con un cuchillo en la mano y les increpó: “¡Hombres nacidos para la servidumbre... ¿de qué tenéis miedo? ¡No hay tiempo que perder!”… Y logró que se quedaran para iniciar la revolución. El episodio se ha divulgado mucho. La casa de la conspiración es monumento nacional. Se dio su nombre al normal femenino de Quito. Pero se ha estudiado poco su vida y su personalidad. Hay citas históricas abundantes, pero solo la obra de Manuel de Guzmán Polanco ‘Manuela Cañizares: La heroína de la Independencia del Ecuador’, da una visión de su vida y obra, aunque con escasos
Se repite que “la Historia es la mentira encuadernada” porque muchas veces, en las clases del sistema educativo, en los medios y hasta en los discursos patrióticos, se dan versiones falsas del pasado como si fueran verdad. De esa forma se convierten en prejuicios colectivos muy arraigados. Frente a ello, hay historiadores que asumen la tarea de desmontar esas tramas y ver el pasado desde una perspectiva crítica.
El historiador Enrique Ayala Mora, estudioso de la vida republicana del Ecuador, asegura que el capítulo político que vive país por la renuncia del tercer vicepresidente de esta administración es un caso inédito.
La Embajada de China en Ecuador emitió un comunicado sobre el pronunciamiento del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) respecto a un juicio por daños relacionados con el covid-19 a ese país asiático.
Enrique Ayala Mora, académico, historiador y político, habla sobre la actual crisis mundial provocada por el coronavirus y sobre cómo está la clase política ecuatoriana para enfrentar un escenario complejo como el que provoca el confinamiento social y la crisis económica.
¿Esta es la crisis más compleja de la historia del Ecuador? Las crisis marcan el principio y fin de un periodo. La fundación de la República marcó el primer período republicano, hasta la crisis de 1895 con la venta de la bandera y la revolución liberal. Y luego eso fue hasta 1960, cuando se dio la gran crisis de la exportación de banano. Creo que ahora, no cabe duda de que 60 años después estamos cambiando de período en la historia del Ecuador y, desde luego, en la historia del mundo. Así de profunda es esta crisis. Todavía no sabemos hasta dónde va a llevarnos. Lo que sí vemos es que en algunos aspectos ha provocado un cambio importantísimo de los modos de vida en las relaciones humanas, familiares, institucionales y también en la geopolítica mundial.
El socialismo es ahora mala palabra para algunos. Es una tendencia del pasado, manchada de autoritarismo y corrupción, sobre todo en América Latina.
El historiador y docente universitario Enrique Ayala Mora se comprometió a "recobrar la tradición de lucha y la unidad del socialismo", tras ser electo como presidente del Partido Socialista, el fin de semana pasado.
Si a alguien le quedaba duda sobre la necesidad de eliminar el mal llamado “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, el papelón que están haciendo en ese organismo el santo sacerdote presidente y la mayoría de sus colegas miembros, ha demostrado que ese engendro implantado en la Constitución por los seguimonos de la Venezuela chavista, no solo que no debe existir, sino que estorba en una democracia.
En estos días hablamos mucho de la “década ganada”, de la “década perdida”, inclusive de la “década robada”, pero hay muy pocos trabajos de ciencias sociales rigurosos y pertinentes sobre los últimos diez o doce años, que en muchos sentidos han sido intensos, conflictivos, hasta dramáticos. Abundan los reportajes y ensayos interpretativos, pero faltan estudios sistemáticos generales o de profundización en los diversos campos de la vida social.
Se ha escrito mucho sobre los procesos de independencia de nuestro país y de América Latina. Pero todavía falta mucho por estudiarse y descubrirse. Por ello es relevante destacar dos importantes obras de Enrique Muñoz Larrea, que en 2012 publicó: “Albores libertarios de Quito de 1809 a 1812, El principio del fin del Imperio Español” y “Cuenca del Rey, Los últimos presidentes de la Real Audiencia de Quito”, que fueron comentadas en el homenaje que se le tributó en días pasados.
La Función Judicial necesitaba una urgente reforma. Sus normas estaban superadas, su estructura institucional era arcaica, su infraestructura material, pésima, los trámites, interminables y, sobre todo, la corrupción era frecuente. El soborno era práctica generalizada. En muchos casos, las causas se movían con dinero. A veces se “compraba” sentencias. Había ministros de la Corte Suprema hasta funcionarios de base, que cumplían consignas de políticos pesados como Febres Cordero.
Las noticias eran alarmantes. La parroquia La Merced de Buenos Aires en Imbabura había llegado a una explosiva situación de explotación minera ilegal y de violencia, que amenazaba con estallar con saldo de muertos y heridos. Al cabo de años de no haber tomado en serio el problema, se había convertido en uno de primera magnitud para el Gobierno y la sociedad. Todo el mundo decía que debían tomarse medidas, pero no llegaba el día.
“¡Que lo manden preso!”, es lo primero que la gente dice frente a un abuso, un robo o violación. Y se preocupa de los crímenes hasta que los autores son sentenciados. Luego, a nadie le interesa lo que pasa en las cárceles, ni se preocupa de la vida de los presos. Con frecuencia, la gente piensa que mientras más mal se los trate mejor pagan su “deuda con la sociedad”. Pero la situación carcelaria es un problema nacional, que desnuda a la sociedad y al estado.
La dictadura militar que gobernó de 1963 a 1966 impuso una reforma universitaria influenciada por modelos norteamericanos e intervino varias instituciones. Tomó por asalto la Universidad Central con fuerzas militares, en un acto de salvajismo que precipitó su caída. De inmediato se emitió una Ley de Educación Superior que reafirmó la autonomía y el cogobierno universitarios. Hubo un auge de la reflexión sobre la relación universidad - realidad nacional. Manuel Agustín Aguirre, rector de la Universidad Central, formuló la “Segunda Reforma Universitaria”, que planteaba una universidad científica, democrática, nacional, comprometida con el pueblo. Por su parte, Hernán Malo, rector de la Universidad Católica, propuso la “ecuatorianización de la universidad”.
Así fue en verdad. Luego de los triunfos independentistas, los departamentos de Quito, Azuay y Guayaquil se anexaron a la República de Colombia, agrupados en el “Distrito del Sur”. Los tres departamentos, que seguían las antiguas unidades regionales, tenían como cabeceras a las tres ciudades principales.
El convencimiento sobre la democracia es una de las características que amigos e intelectuales le reconocen a Julio César Trujillo, quien falleció a los 88 años en Quito la tarde del domingo 19 de mayo del 2019, tras complicaciones por un derrame intracraneal grave.
Después de la década en que gobernó Rafael Correa, el Ecuador quedó preso de un sistema institucional arbitrario y abusivo que, en vez de cambiar el vergonzoso régimen del pasado, lo empeoró. Para promover la “participación ciudadana”, impuso un estilo clientelar,típico del viejo caudillismo. Con la vigencia de la Constitución correísta, el gobierno limitó las libertades, vulneró la libre expresión, persiguió a las organizaciones sociales, criminalizó la protesta, manipuló la justicia, e instauró el robo y la corrupción como nunca antes.
Se necesita un acuerdo nacional. Por ello, es bienvenida la idea del Presidente de la República de un amplio diálogo sobre algunos puntos de convergencia. La propia iniciativa es un buen mensaje, porque mantiene la línea que Lenin Moreno planteó desde el inicio, de abandonar la imposición, el agravio, la amenaza y la manipulación como método de gobierno.