Gasto público inteligente
El Gobierno no necesita succionar más recursos del sector privado para cubrir sus necesidades fiscales, sino manejar lo que tiene –o incluso menos- de manera inteligente.
Aunque es fácil decirlo y complejo implementarlo, la eficiencia en el gasto público es uno de los puntos que marca la diferencia entre un país atrasado y uno más desarrollado. De ahí la importancia de empezar a definir herramientas y políticas públicas que apunten en esa dirección.
El BID publica hoy un estudio muy amplio sobre cómo hacer más cosas con menos recursos, lo que significa gastar los recursos de manera inteligente, más aún en momentos como el actual, cuando el país pasa por un período de apuros fiscales.
El costo de la ineficiencia, en números gruesos, equivale al 4,4% del PIB según el estudio del BID, lo que significaría USD 4 400 millones para el caso ecuatoriano.
Estos recursos se pierden por los excesos de compras gubernamentales (corrupción y demoras en las obras), el abultado gasto en salarios para la burocracia o también por las transferencias que no llegan al sector indicado de la población (por ejemplo, los subsidios a la gasolina súper).
El monto de recursos que está en juego por la ineficiencia sería suficiente para eliminar la pobreza extrema, financiar buena parte de las necesidades fiscales sin necesidad de contratar más deuda, cubrir las brechas en seguridad social, en educación, en salud, etc.
El informe del BID puede ayudar a cumplir dos objetivos en el país: encender el debate sobre los objetivos de desarrollo y apuntalar políticas de Estado en la misma dirección.
En el camino se tendrá que evaluar la forma cómo se han utilizado los recursos y sobre todo el impacto que ha tenido en la población. Las políticas impositivas y de gasto público, por ejemplo, han logrado reducir un 5% la desigualdad en la región, cuando en economías avanzadas ha sido 38%. Aumentar la eficiencia del gasto público significa mejorar los indicadores de salud, educación, seguridad, etc.