Aunque el Gobierno se limitó a señalar que la reducción de subsidios a las gasolinas y el diésel industrial tiene como objetivo reducir el déficit fiscal, el tema también pasa por corregir las ineficiencias en el sector energético y reducir la contaminación ambiental.
Por ahora, el debate está en el efecto en el bolsillo de la gente y empresas por la reducción de los subsidios a las gasolinas y el diésel industrial. Varios sectores se preparan para protestar por la medida, argumentando que afectará a la población de menores ingresos. Unas empresas dicen que afectará su competitividad.
La decisión de reducir los subsidios se toma en medio de una crisis fiscal agravada por la caída de precios del petróleo, la cual, por otro lado, alivia las cuentas fiscales porque reduce el gasto en la importación de derivados.
El precio del crudo ecuatoriano bordea actualmente los USD 40 por barril. De mantenerse ese valor el país regresaría a los niveles del 2015, cuando el subsidio a la importación de combustibles sumó USD 1 700 millones.
Un escenario de precios bajos del petróleo hace que la eliminación de subsidios sea menos costosa. A inicios de la dolarización se presentó esa oportunidad, cuando el precio llegó hasta USD 30 y el costo del subsidio sumó USD 275 millones. El 2016, el precio del crudo promedió USD 35 por barril y el subsidio sumó USD 630 millones.
Pero además del costo fiscal, la eliminación o focalización de los subsidios necesita debatirse en medio de otros. En el mundo se discute hoy sobre el calentamiento global, donde una de las causas es la emisión de gases provenientes de transporte. Los subsidios a los combustibles promueven el uso de autos más contaminantes. Por eso en otros países se aplica un impuesto a estos automotores y a los combustibles fósiles. De esta forma se incorporan costos asociados por el daño ambiental y los gastos para atender problemas de salud de sus habitantes.