La teoría dice que los subsidios eficientes deben estar dirigidos a los grupos vulnerables y deben ser temporales, mientras los beneficiarios consiguen mejorar su nivel de vida.
Un buen ejemplo, con todos sus peros, es el Bono de Desarrollo Humano, a través del cual se entrega una ayuda monetaria a cambio de que el beneficiario se comprometa, por ejemplo, a vacunar a sus hijos o llevarlos a la escuela, que son objetivos nacionales.
En este caso, los beneficiarios están plenamente identificados, cumplen metas específicas y pasan por evaluaciones periódicas para saber si sus condiciones de vida están mejorando, lo que permite cambiar o afinar las políticas públicas.
Bajo este concepto, cualquier subsidio que no cumpla con estas condiciones entrará en el terreno de la ineficiencia, porque significará destinar recursos públicos sin saber cuál será su impacto social.
Y pese a que los estudios evidencian un mínimo o nulo impacto social, económico o ambiental, el país sigue subsidiando el precio de los combustibles (gasolina, diésel y gas), que representan cerca de la mitad de los USD 3 470 millones presupuestados en subvenciones para este año.
Actualmente subsisten 16 subsidios, pero en el Gobierno anterior llegaron a 33. En el 2006 había apenas ocho subvenciones.
Buena parte de la población los ve como un derecho adquirido, lo que complica su eliminación, principalmente en combustibles como el diésel, por el efecto que tendría en el transporte de carga y de pasajeros.
El Gobierno se encuentra analizando el tema y a lo mucho aspira a focalizar los subsidios a la gasolina y al gas de uso doméstico, que representan el 58% del total.
Los precios de los derivados vienen aumentando a la par de la cotización del petróleo. El monto para subsidiar los combustibles importados subió 72% en los cinco primeros meses de este año y seguirá creciendo. No hacer nada significará gastar más en los que menos necesitan, lo cual es ineficiente e injusto.