Análisis económico con énfasis en finanzas públicas, comercio exterior, petróleo, empleo, impuestos y empresas. Mi lema: Los números pueden decir cualquier cosa, depende qué números se escojan. Otros artículos del autor: http://bit.ly/CsrSosa Twitter: @cesarA_sosa
César Augusto Sosa
Economista de la PUCE. Estudió Gestión de Medios de Comunicación en la Universidad Andina. Periodista económico desde 1998 en el Grupo EL COMERCIO. Editor de la sección Negocios y del Semanario Líderes. Actualmente ocupa el cargo de Macroeditor.

Un acuerdo sobre los subsidios es urgente y ético

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Lunes 17 de septiembre 2018

La sociedad ecuatoriana tiene la oportunidad de debatir un tema importante para la economía: el destino de los subsidios, que suman al menos USD 4 000 millones anuales, de los cuales cerca de la mitad se va en combustibles.
Pero el solo anuncio de revisar los precios de los combustibles puso a la defensiva a representantes empresariales, sindicales y políticos. Unos advierten de una pérdida de competitividad y otros organizan protestas porque sería un regreso al neoliberalismo, lo que contribuye poco al debate.

El Gobierno, la academia, los empresarios y los representantes sociales pueden hacer que el debate sobre los subsidios acabe con distorsiones económicas, ambientales y de justicia social que llevan décadas en el país. Si no es posible conseguir acuerdos mínimos sobre cómo usar buena parte del dinero público, esos recursos seguirán fluyendo a los bolsillos de personas de altos ingresos, lo cual es éticamente cuestionable.

El debate sobre los subsidios implica abordar el tema globalmente y hacerse básicamente tres preguntas. Quién recibe, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

La reciente revisión de los precios de la gasolina súper y, en menor medida del diésel industrial, puso en evidencia que no solo los pobres merecerían tener una subvención estatal. Los empresarios camaroneros, que no son parte de los grupos vulnerables, reclamaron un subsidio porque el Estado se beneficia con el pago de impuestos y la sociedad gana con la generación de empleo e ingresos de divisas al país, etc.

Bajo este argumento, la aplicación de salvaguardias estaría justificada, aunque eso vaya en contra de los principios de libertad que los mismos empresarios defienden.

Por eso es importante no solo focalizar los subsidios, sino también definir una temporalidad, establecer condiciones en función de objetivos sociales –como ocurre con el Bono de Desarrollo Humano- y sobre todo incluirlos dentro de un plan económico de transición que, al parecer, sigue en construcción.