Es lamentable saber que, en estos momentos de emergencia, ciudadanos irresponsables hacen mal uso del sistema de ayuda ECU-911. En apenas una semana, la autoridad ha tenido que suspender 3 000 líneas telefónicas de aquellos que se comunican con los operadores para pedir el envío de papas fritas, de hamburguesas o simplemente para lanzar bromas. ¡Inadmisible!

Enfrentar el covid-19 es tarea de todos. Sí. Uno de los sectores vulnerables son las cárceles. El Servicio de Rehabilitación no dudó en publicar un protocolo para saber cómo actuar en caso de que se presente un paciente. El documento tiene 12 páginas y detalla, por ejemplo, que quienes tienen tos, fiebre o dificultad respiratoria no podrán visitar a los reos.

Es inquietante saber que miles de denuncias relacionadas con violencia de género no tienen una respuesta inmediata en las oficinas fiscales. Sí. Entre el 2014 y el año pasado, 338 166 quejas judiciales fueron reportadas en el país y la única respuesta para los usuarios es que el análisis no avanza por la carga de trabajo.

Los exguerrilleros de las FARC, que a inicios del 2018 asesinaron a 10 ecuatorianos, entre ellos al equipo periodístico de este Diario, operaban con una red de apoyo que tejieron en seis provincias del Ecuador. Sí. Y quien daba seguridad a todos era un policía activo. ¡Reprochable!

Sí. El conductor de un tanquero que ocasionó un accidente de tránsito en Quito y provocó la muerte de una madre de familia fue sentenciado a 16 meses de cárcel. Se trata de la misma persona que el 6 de septiembre fue captado en videos mientras trataba de escalar una montaña tras el siniestro. ¡Reprochable!

El testimonio es desgarrador. Sentada frente a los magistrados de la Corte Interamericana de DD.HH., Petita Albarracín detalló cómo su pequeña hija Paola se quitó la vida después de ser agredida sexualmente por el vicerrector del plantel en donde estudiaba.

El problema es extremadamente grave. Sí. Los ciudadanos que denuncian robos, estafas, violaciones, abusos sexuales, etc., no tienen una respuesta inmediata de la Fiscalía. La explicación en las oficinas judiciales es que están abarrotados de trabajo, que no tienen personal suficiente y que necesitan 541 investigadores más en el país. ¡Terrible situación!

Es de suprema preocupación ver cómo en estos días delincuentes han desafiado a policías y a fiscales, luego de que uno de sus colaboradores muriera en un cruce de balas con agentes que operan en Guayaquil. Oficiales de alto nivel han desestimado esta amenaza. No lo hagan.

Las cifras espeluznan. Sin duda. La última medición estadística que está disponible en el Ministerio de Gobierno muestra cómo entre enero y noviembre del año pasado, 1 054 ecuatorianos fueron asesinados violentamente.