Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

No más violencia

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Martes 08 de octubre 2019

Es preocupante ver el nivel de violencia que han desatado las manifestaciones por las medidas económicas. Civiles que golpean y retienen a policías y militares. Agentes que agreden. Una ambulancia de la Cruz Roja atacada. Otra unidad sin poder eludir los obstáculos, para trasladar a un herido que luego murió.

El Convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma protegen a los vehículos y al personal de salud que operan en conflictos. Ecuador es un Estado de derecho y sus habitantes están obligados a cumplir las normas. Háganlo.

Con toda razón, la Cruz Roja aclara no pertenecer al Estado y que su personal es neutral, independiente e imparcial.

La Constitución (art. 66, 6) reconoce y garantiza el derecho de las personas a opinar y expresarse libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Una disposición por demás acertada. Pero el Código Penal (art. 204) también sanciona con cárcel de uno a tres años a quien destruye los bienes públicos y paralice servicios estatales y privados.

Solo un día de violentas manifestaciones dejó una pérdida de USD 500 000 para Quito. ¿Quién responde por esa cifra en rojo?

Además, la retención, como ocurrió con más de 40 militares, es condenada penalmente. La Constitución es clara: nadie puede ser tomado a la fuerza y bajo ninguna circunstancia. Es un derecho consagrado
(art. 66), que hay que respetar.

La norma también castiga el uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares.

Grupos de derechos humanos piden parar la violencia. A la Corte Constitucional llegó un recurso para que se levante el estado de excepción. La Defensoría del Pueblo pide lo mismo.

La explicación fue que la medida solo exacerbó la violencia y la polarización entre el Gobierno y los movimientos sociales, campesinos, sindicatos y gremios que protestan.

Hoy más que nunca, Ecuador urge de líderes sensatos, que no provoquen a los manifestantes y que protejan a la población. No cabe un lenguaje virulento en medio de esta tensión. Hay que hacerlo por el bien del país.