Un velatorio entre disparos y licor
Las imágenes son extremadamente fuertes y sin duda inquietan. Grupos armados se atrevieron a grabar el sepelio de uno de sus miembros asesinado en prisión. No son escenas a las que el país esté acostumbrado. El cuerpo aparece rodeado de armas de fuego y licor.
Los escoltas disparan al aire desafiantes. No ocultan sus rostros. Por el contrario, lo hacen todo de forma visible. ¡Preocupante!
Todo ocurrió en Quevedo-Los Ríos, una jurisdicción con casos de homicidios en alza. El incremento sobrepasa el 22%. El 73,24% de esas muertes violentas se perpetra con pistolas, revólveres o similares.
En esa provincia hay señales alarmantes. En julio pasado, sicarios asesinaron a un niño de 8 años, mientras seguían a un adulto.
Un mes antes, la mafia entró a una escuela y atacó mortalmente a un hombre. Un menor quedó gravemente herido.
Hay crímenes perpetrados con 10 y 18 tiros. Alguien debe responder por este pánico.
Cuando se hizo público el violento velatorio en Quevedo, la autoridad apenas alcanzó a lamentar por la difusión de las imágenes, porque “la investigación estaba en curso”. Nada contundente.
La reacción de la Policía fue lenta. La explicación fue que cuando llegaron al sitio los armados ya no estaban. ¿Los servicios de Inteligencia no alertaron sobre movimientos sospechosos de las bandas delictivas?
La situación es compleja. Resulta que el cabecilla al que velaron es un policía dado de baja y estaba detenido en Guayaquil por los delitos de robo, asalto y tenencia de droga.
No es el primer caso de un agente estatal involucrado en ilícitos. Registros del desaparecido Ministerio del Interior muestran que personal señalado por asesinato, narcotráfico, secuestro, abuso sexual, extorsión, cohecho, asalto, etc. ha sido separado de esta entidad.
La depuración debe continuar bajo el debido proceso y el derecho a la defensa. Es imperativo hacerlo. El Estado (art. 3,8 de la Constitución) está obligado a garantizar la seguridad integral a sus ciudadanos. Cumplan.