Las cifras no son del todo alentadoras. Era noviembre del 2010 y el Juzgado 22º de Garantías Penales de Pichincha avalaba el trabajo de los militares en el control de armas y municiones.
La presencia de las tropas en las calles ha sido frecuente, pero estadísticas consolidadas en el Gobierno muestran que la mayor cantidad de muertes violentas es perpetrada precisamente con armas de fuego.
En el 2011, el 66,58% de homicidios se cometió con pistolas, revólveres o similares.
En el 2012 fue el 62,03%. Desde entonces ha variado entre el 46,63% y el 56%.
En el primer trimestre del 2019 se reportaron 244 homicidios y el 52,05% se produjo con algún tipo de arma de fuego.
Otro porcentaje de muertes violentas se produce con armas blancas (cuchillos, navajas, etc.), cuyo control también está en manos de las Fuerzas Armadas.
Entonces, ¿para qué sirve la tarea que ejecutan los soldados? Analicen su efectividad y no solo den órdenes para que se intensifique la vigilancia, como ocurrió en febrero.
Después de esa disposición, tres personas fueron asesinadas con 20 tiros en Manabí.
En abril, otra persona fue acribillada con 18 impactos de bala en Quevedo. A mediados de mayo, tres hombres (en dos casos diferentes) también fueron atacados con pistolas en esa misma ciudad de Los Ríos.
Los videos difundidos en redes sociales son altamente preocupantes: robos a locales comerciales, asaltos a transeúntes indefensos, ataques a conductores de vehículos, a entidades financieras, etc. En todos los casos aparecen hombres armados.
En octubre del 2018, dos de las ocho personas que asaltaron las oficinas de BanEcuador, en Marcabelí, El Oro, usaban fusiles. Así bloquearon el acceso al Parque de la Madre, atemorizaron a los clientes, robaron y huyeron.
En un caso más reciente, una comerciante de Ambato recibió un disparo en un intento de robo, mientras salía del Mercado Mayorista. Murió el 28 de mayo, tras 17 días de agonía en una casa de salud. Paren la violencia.