Sí. ¿Quién protege a las mujeres de sus agresores? Al parecer nadie y las medidas adoptadas por el Estado carecen de contundencia. Resulta que en el Código Penal (art. 558) aparecen 12 acciones legales para cubrir a las mujeres golpeadas, pero los propios fiscales desestiman su eficacia. En esa larga lista aparecen las boletas de auxilio, un recurso cuya validez está fuertemente cuestionada.
Amelia fue atacada mortalmente pese a tener ese documento. Igual ocurrió con Paola, quien murió tras recibir 15 puñaladas.
La pareja de Laura la encontró en el bar y la agredió físicamente. A Susana la tomaron del cabello e intentaron apuñalarla con un cuchillo, pero se liberó y pidió ayuda. Ambas tenían una boleta, pero de nada sirvió.
La prohibición de acercarse a las víctimas es otra protección judicial que queda en simple enunciado. Los victimarios las acosan y las persiguen hasta llegar a nivel extremos de violencia o a la muerte.
En 2016 ya se detectaron estas falencias y la gran solución del correísmo fue destinar 400 grilletes electrónicos para controlar a los agresores. Dijeron que era un avance inédito en la Región, que esto cambiaría los conceptos de seguridad. Pero dos años después, un informe de la Contraloría General del Estado muestra que solamente se utilizó el 3% de los aparatos. ¡Increíble!
Sin embargo, los pocos equipos que funcionaban quedaron inutilizados en agosto del 2018, luego de que llegara la orden para que ningún juez dispusiera su uso. La autoridad adelantó que la medida es temporal, pero se ha extendido siete meses y la única respuesta es que los brazaletes entrarán a operar solo cuando la Controlaría termine una auditoría.
Entonces, es urgente buscar mecanismo de protección eficaces. En ese camino va la Secretaría de Derechos Humanos, que creó una Subsecretaría para Prevención y Erradicación de la Violencia. La primera acción ha sido trabajar en el denominado plan de Respuesta Inmediata. Es imperante que, por el bien del país, se multipliquen estas iniciativas.