La precaria atención tras una violación
Que una mujer agredida sexualmente tenga que esperar cinco horas para que le practiquen un examen médico legal simplemente es inhumano. Pero eso sucede en el país. Resulta que las víctimas de violación deben pasar por una funesta experiencia para que sus casos queden judicialmente registrados.
La Fiscalía no se da abasto. Sus oficinas nacionales operan apenas con 68 médicos legistas, 65 psicólogos y 44 trabajadoras sociales. Pero el año pasado se reportaron 5 567 denuncias por violación. ¡Increíble!
¿Por qué no fortalecen los servicios fiscales? ¿Qué pasó con la pomposa modernización judicial del correísmo? Al parecer nada.
La Fiscalía dice sentirse maniatada, porque no puede contratar ni fiscales ni peritos.
Esa tarea era exclusiva del Consejo de la Judicatura. Apenas ayer, este organismo traspasó las competencias en esta materia a la Fiscalía General del Estado.
Es importante movilizar a todo el aparato estatal. No es posible que mujeres, como Martha, que urgen una atención psicológica, se comuniquen con un centro estatal de salud y reciban un turno para marzo.
Las órdenes judiciales, para que los médicos las atiendan inmediatamente simplemente no se cumplen. La solución que han tomado las víctimas y sus familias es recurrir a entidades privadas de salud.
La respuesta estatal es frágil. La Defensoría del Pueblo, que trabaja en la prevención y erradicación de la violencia,incluso denunció un recorte de USD 1,5 millones para este año.
De por medio están familias enteras que se enfrentan crudamente a la realidad. En casa de Gloria ahora solo impera el silencio.
Ella fue violada frente a su hijo y los dos padecen graves secuelas psicológicas. Ambos son atendidos privadamente, porque en los centros públicos no hallaron ayuda inmediata.
Solamente el mes pasado, en las 24 provincias se reportaron 320 denuncias por violaciones. Todas las víctimas requieren ayuda y el Estado ecuatoriano está obligado a atenderlas de manera urgente y prioritaria.