Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

¿Estructuras delincuenciales presionan al sistema judicial?

La alerta del Consejo de la Judicatura preocupa sobremanera. En un comunicado público, este organismo, que administra la Función Judicial, habló de “estructuras delincuenciales” que pretenden desviar la atención hacia este organismo en vez de apuntar a los verdaderos responsables de la corrupción perpetrada en el país.

Está bien que lancen estas señales alarmantes, pero los denunciantes están obligados a decir quiénes están detrás de esas estructuras. No pueden callar como ha ocurrido hasta el momento.

Es claro lo que sucede en la justicia. Solo por la controversia desatada en el Municipio de Quito hay ocho funcionarios judiciales investigados. Dos de ellos son jueces. ¿Se trató de ayudar a una de las partes en conflicto? Las investigaciones lo determinarán. Pero este no es el único caso en el que el sistema que sortea los expedientes es cuestionado.

En junio pasado se descubrió cómo en nueve meses ese mecanismo de sorteos fue vulnerado en 212 ocasiones. Sí. Las causas se direccionaron solo a nueve jueces que trabajan en Guayas, Pichincha y Santa Elena.

¿Se buscaba favorecer a alguien? Hay algunas pistas. Un solo magistrado recibió 46 carpetas relacionadas con acciones constitucionales, civiles, tributarias, penales y laborales. Otro juez tramitó la libertad de un funcionario penitenciario a través de un habeas corpus.

En la lista de causas direccionadas bajo este sistema indagado figuran procesos por actos de corrupción cometidos durante la emergencia sanitaria. De hecho, la mayoría de expedientes fue sorteada entre abril y septiembre, los meses más álgidos de la pandemia.

40 servidores judiciales son rastreados por estos actos sospechosos.

Los responsables deberán comparecer y, de ser el caso, recibir sanciones penales bajo el debido proceso.
Por ahora, la Judicatura ha anunciado que los jueces de las Cortes Provinciales y Tribunales Contenciosos del país irán a una evaluación. !Enhorabuena¡

Los malos funcionarios tendrán que dejar sus cargos. No es posible que los fallos judiciales sobre una misma materia difieran tanto. El país ha visto que unos magistrados incluso han calificado de negligente el actuar de sus colegas y han revocado decisiones que favorecieron a verdaderos delincuentes.

Otros que están recluidos en la Cárcel 4 de Quito también han sido declarados inocentes, aunque tienen pendientes otras indagaciones. Han recurrido a argucias jurídicas para volver a ese centro de mínima seguridad, pese a que por mal comportamiento fueron trasladados a cárceles regionales. Lograron que los operadores los consideren vulnerables, con riesgo de sufrir un ataque.

También hay quienes se han favorecido de los fallos y ahora están en el exterior. Se hallan libres, pese a las contundentes pruebas en su contra.

En 2020, el 39% de 31 826 sospechosos evitaron la prisión. En unos casos, los magistrados ordenaron que se reporten en las oficinas judiciales mientras dure el proceso. Pero los implicados no siempre cumplen esa orden. Se ausentan definitivamente. Hay impunidad.