Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

¿Qué hago si no puedo pagar el arriendo?

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Martes 04 de agosto 2020

Esa pregunta se volvió recurrente en estos días. Sí. Hay desconcierto. Los arrendatarios aducen no tener dinero para pagar los retrasos. Los arrendadores buscan soluciones rápidas.

Entonces, optaron por recurrir a los centros de mediación, cuyo trámite es más expedito que en los juzgados de Inquilinato.

Hoy, estos servicios están concurridos. En abril y mayo permanecieron cerrados por la crisis desatada por el covid-19. Pero en junio, cuando reabrieron sus puertas, los despachos de la Función Judicial recibieron 129 casos. En julio, hasta el 29, se reportaron 331, una cifra que supera el registro de enero.

La gente busca acuerdos para diferir los pagos, solicitar rebajas o pedir la devolución de la garantía. Hablan de dueños de casas y locales que irrespetan sus derechos.

La Defensoría del Pueblo lanzó las primeras alertas en junio. Para entonces, 348 personas denunciaron intentos de desalojo por no pagar el arriendo a tiempo.

Imbabura, El Oro, Guayas y Carchi aparecieron con más casos. ¡Penoso!
Pero lo más alarmante son los reportes de agresiones físicas y arbitrariedades cometidas en contra de los arrendatarios.

Sin duda, una situación difícil que enfrenta a dos partes debilitadas por las duras condiciones económicas a provoca el virus.

Los dueños de los bienes también tienen explicaciones. Muchos dicen vivir únicamente de esos ingresos económicos, son personas de la tercera edad o con problemas de salud. Esos casos se encuentran en las oficinas judiciales.

Esos centros de mediación han podido resolver serios problemas de quienes debían hasta USD 5 000, porque sus negocios cerraron al estallar la crisis sanitaria.

Otros lograron la devolución de la garantía y hay personas que consiguieron que los propietarios abran las puertas para llevarse las pertenencias de sus locales. Son soluciones válidas que incluso están avaladas por la Ley de Apoyo Humanitario (artículo 27).

El Estado está en la obligación de velar por todos. Hay que dar soluciones inmediatas.